El estudio sobre la “Asistencia Social para la Atención de Indigentes” indica que las personas en situación de calle forman uno de los grupos más vulnerables y más grandes del país.
El informe “Panorama Social de América Latina 2011” de la Cepal, detectó que la población de México bajo la línea de la pobreza y de la indigencia es mayor al promedio de toda América Latina y el Caribe.
En ese año, 36.3 por ciento de los mexicanos vivían en pobreza, casi siete puntos porcentuales más respecto al promedio de la región, de 29.4 por ciento.
Los mexicanos en estado de indigencia representaron 13.3 por ciento de la población total, cuando la media latinoamericana fue de 11.5 por ciento.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la indigencia es definida como la situación económica que enfrentan las persona cuyos recursos disponibles son insuficientes para satisfacer su alimentación básica.
En Chiapas existe una estadística cierta sobre las personas en situación de calle, que se refleja de muchas maneras.
Ante este panorama, el pasado 13 de julio, la diputada local, Eduwiges Cabáñez Cruz, presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables del Estado, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el pasado 3 de noviembre.
En su exposición de motivos refirió que la indigencia y la vagancia son problemáticas de naturaleza social que tienen consecuencias considerables como catastróficas.
Lamentablemente, dado el marco normativo actual, la única forma de atender a un indigente es cuando éste comete una conducta considerada como delito, dado que la autoridad está obligada a ponerlo a disposición de los órganos jurisdiccionales que decretarán, en su caso, prisión preventiva como medida cautelar.
Sin embargo, la finalidad de la propuesta es prevenir esta situación y atender a las personas en situación de calle, sin tener que esperar a que dañen a personas o sus bienes para que el Estado las vea.
La iniciativa propone que el Gobierno del Estado, directamente o a través del DIF Chiapas, con el objeto de fortalecer la estructura de la comunidad y de propiciar la solidaridad ante las necesidades reales de la población, promueva la participación de la misma, para que coadyuve en la prestación de servicios asistenciales.
Lo anterior a través de acciones como la promoción de hábitos de conducta y de valores, que contribuyan a la protección de los grupos vulnerables, a su superación, a la prevención de la discapacidad y de la indigencia.
