La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Ibarra Gallardo presentó la iniciativa de reforma constitucional político electoral sobre “Justicia y Seguridad Prioritaria”.
El proyecto propone aumentar a tres años el tiempo mínimo para que los titulares estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia en Chiapas se separen del cargo, antes de aspirar o contender a un cargo de elección popular.
De manera precisa se plantean reformas y adiciones a los artículos 40, 52, 80 y 95 de la Constitución Política de Chiapas, en materia de requisitos y temporalidad para que dichos funcionarios sean elegibles.
Reglas precisas
Esta reforma introduce reglas más estrictas de separación del cargo, de manera particular para figuras cuya función exige además absoluta imparcialidad, como lo son los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaria de Seguridad del Pueblo (SSP) y las secretarías de Seguridad Pública municipales.
La exigencia de separarse tres años antes de cualquier elección responde también a un principio elemental: el o la que tiene poder sobre la seguridad, la justicia o la operación del gobierno no puede, de manera próxima, competir por un cargo de elección popular sin poner en riesgo la equidad y la neutralidad del proceso democrático.
La reforma establece que las personas simplemente no podrán ser candidatas a ningún cargo de elección popular hasta tres años después de haberse separado o haber concluido en el cargo.
“Con esta medida, se pretende evitar que cargos sensibles se utilicen como plataformas de proyección personal. Además de que se protege la autonomía funcional de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad”, manifestó.
Objetivo
Dijo que el objetivo es muy simple: hacer que los responsables de la seguridad y procuración de justicia en nuestra entidad tengan como única prioridad el cargo para el que fueron designados durante su tiempo de gestión.
“Lo señalamos con la responsabilidad que este congreso exige: garantizar que quienes conducen la seguridad y la procuración de justicia tengan claridad de que, en medio de la grave crisis que atraviesa el país, su encargo no admite distracciones ni desvíos políticos”, expuso.
“Aquí se define no solo la tranquilidad de nuestras comunidades, sino también la contención del crimen transnacional, de los flujos ilegales y de las amenazas que buscan cruzar hacia el resto del territorio nacional”, puntualizó.
“Por eso necesitamos que en Chiapas, quienes cuidan la seguridad estén comprometidos exclusivamente con ello. No podemos abrir espacio a distracciones por aspiraciones políticas, ni permitir que las instituciones terminen convertidas en trampolines electorales”, remarcó.
Por último expresó que: “quien decida asumir el encargo de cuidar a Chiapas, de enfrentar al crimen y dar justicia a las víctimas, debe asumir también que la seguridad del pueblo será, durante su tiempo su única aspiración legítima”.
