Para evitar que ocurran más casos de usurpación de identidad con la autoadscripción indígena en procesos electorales y que afectan los espacios políticos para los pueblos originarios, la diputada local Cecilia Flores informó que desde hace varias semanas presentó una iniciativa que busca sancionar, con hasta seis años de cárcel, a aquellas personas que se hagan pasar como indígenas cuando se acercan los procesos electorales.
La propuesta, remarcó, incluye algunos candados asociados al lugar de nacimiento de las personas, como el que hablen una lengua materna, que compartan la vivencia cultural, además de haber ocupado cargos voluntarios de servicios a la comunidad y, sobre todo, que exista un verdadero compromiso con las causas.
Es importante mencionar que, con el tema de la distritación que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE), se determinó que ahora Chiapas pasará de 9 a 10 distritos indígenas.
“Ojalá que hayan considerado los lineamientos correctos para saber, exactamente, cuál debe ser el concepto indígena. Como ya lo he comentado, cuando se trata de candidaturas todos quieren ser indígenas para llegar a los espacios”, remarcó.
En realidad, dijo, lo que se busca con la iniciativa es aumentar las sanciones (debido a que ya está tipificado), con la intención de dar certeza jurídica a los pueblos originarios. “Estamos pidiendo que sea un 50 % más; conlleva toda una cuestión de promoción, de difusión, que se sepa que ya está en el Código Penal de Chiapas”, enfatizó.
La propuesta, apuntó, está en un proceso de revisión y se espera que en breve se le pueda dar lectura en el Pleno del Congreso. “Creo que son temas importantes, igual no solo pasa con la usurpación de la entidad indígena, sino con la usurpación en los cargos con las mujeres indígenas”, comentó.
Finalmente, la diputada local señaló que será fundamental que exista participación comunitaria de parte de los pueblos originarios, a fin de que haya garantía de que las personas que lleguen a los cargos de elección popular —en estos distritos— sean ciudadanos o ciudadanas que sí representen las necesidades de la población.
