Vianney Reyes Sumuano, Silvia Torreblanca Alfaro, Kalyanamaya de León Villard y Sergio Rivas Vázquez, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) presentaron una iniciativa para implementar la ley pin parental en Chiapas.
Pese a que organismos han recomendado no hacerlo, ya que es contrario a los derechos humanos garantizados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de organismos internacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace una semana, instó al poder Legislativo de Chiapas a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia frente a la iniciativa de incluir el denominado “pin parental” en las leyes estatales, ya que esta iniciativa pretende que el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva de la niñez y la adolescencia esté condicionado a la autorización de madres/padres, y personas que ejercen la tutela.
Sin embargo, las y los legisladores presentaron el 16 de julio la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción XVI, al inciso a del artículo 108 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas, es decir, la “ley pin parental”, basada en el siguiente argumento:
“Los padres somos los principales responsables de la educación de los hijos.
Como se sabe, somos seres sociales y dependientes, dependencia que se muestra de modo más patente en los años de infancia.
Por ello, pertenece a la niñez el recibir una educación en sociedad y adquirir conocimientos. De ahí que todo hijo tenga derecho a la educación y a este derecho de los hijos, corresponder el derecho y el deber de los padres a educarlos”, describe la iniciativa.
Además, expusieron que el término educare significa “acción y efecto de alimentar o nutrir”, alimento, no es sólo material, sino que abarca el alimento de las facultades morales e intelectuales de los hijos.
“Los atentados contra el derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos constituyen, en definitiva, un atentado contra el derecho del hijo, derecho que en justicia deber ser reconocido y promovido por la sociedad”, mencionaron.
Ante esta iniciativa, la CNDH argumentó que -pese a que esta iniciativa ha avanzado en algunos estados-, madres y padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijas e hijos de acuerdo a sus convicciones y creencias y, por tanto, consideran que la impartición de los contenidos sobre sexualidad es una facultad exclusiva de las familias.
Aunado a ello, se menciona que los contenidos educativos contienen elementos de “ideología de género”, al abordar temas como la diversidad sexual.
El organismo autónomo condenó que exista este tipo de iniciativas contrarias a los derechos humanos.
En particular, la iniciativa “pin parental” vulnera el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
