El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC), grupos de organizaciones civiles y empresariales instalaron un grupo de trabajo para proponer la presentación y publicación de la iniciativa #3de3 hacia candidatos y candidatas a ocupar una diputación en la Cámara de Diputados.
Dicha propuesta es acuerpada por las organizaciones Borde Político, Coparmex Nacional, Impunidad Cero, México ¿cómo vamos?, Tojil, y Transparencia Mexicana.
La iniciativa #3de3 busca que candidatas y candidatos a un cargo de elección popular presenten y hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal ante los más de 90 millones de electores que pueden participar en la jornada electoral del próximo 6 de junio.
El grupo de trabajo lamentó que dicha iniciativa que impulsan no sea una obligación de ley para las elecciones federales, sin embargo, su objetivo es que los 500 representantes populares electos en 2021 se sumen al llamado de la sociedad mexicana, participando en este ejercicio cívico.
Recordaron que la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses de las y los futuros representantes de la ciudadanía es clave durante el actual proceso electoral para conocerlos mejor, conocer los intereses que puedan entrar en conflicto con su función pública y emitir un voto mejor informado.
Por tanto, la presentación y publicación de la #3de3 muestra el compromiso de los futuros representantes populares con la transparencia, la rendición de cuentas, el control efectivo de la corrupción y la integridad pública.
A punto de terminar la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, Chiapas tiene un total de 18 diputados y diputadas; 13 por mayoría relativa (MR) y cinco por representación proporcional (RP). En su mayoría fueron ganadas por Morena con ocho por MR y cuatro por RP, PES con uno por MR, tres del PT, uno del PVEM y uno fue sin partido.
Dentro de las funciones principales de un diputado federal se encuentra aprobar el Presupuesto de Egresos e Ingresos Federal, revisar la Cuenta Pública, designación de funcionarios del INE, así como la legislación, modificación de artículos en la Constitución, impulsar sanciones y procedimientos penales contra funcionarios públicos que incurran en delitos y gestionar recursos.
