El Consejo Directivo de la delegación en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que para reactivar la economía local para el siguiente año se deberían destinar cinco mil millones de pesos para subsidiar la edificación de las viviendas y ocho mil millones de pesos más para promover las obras públicas, destinadas a la construcción, rehabilitación de escuelas, caminos, sistemas de agua potable o rellenos sanitarios.
Señalan que las estrategias buscan incidir en el “mejoramiento de las condiciones de prosperidad y bienestar de los chiapanecos y de sus empresas; es primordial propiciar las condiciones necesarias para la atracción de inversiones, fortalecer el desarrollo empresarial, turístico, comercial e industrial”.
Mediante el documento “Propuesta Empresarial para la Reactivación Económica en el estado de Chiapas”, se propone que se destine un subsidio de hasta 200 mil pesos por vivienda; también es necesario, dicen, que los permisos de construcción de fraccionamientos se reduzca a 30 días, ya que en la actualidad el proceso se demora 12 meses.
Los empresarios de la Coparmex solicitan a las autoridades a que se cree un área que esté especializada en dar seguimiento a la calidad de trabajos que realicen los contratistas, a fin de que no existan duplicidad de las obras.
Activar la economía del estado, remarca el Consejo Directivo, implica que el gobierno autorice dinero para la realización de 17 proyectos, entre ellos se encuentran: internet en todos los municipios, nueva súper carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque, ampliación y modernización de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas.
Se le suman el libramiento en San Cristóbal de Las Casas, 13 puentes vehiculares en Tuxtla Gutiérrez, instalación de módulos de vigilancia en las entradas a municipios, modernizar 200 vialidades en la capital de Chiapas, además de la construcción de ciclovías en aquellos ayuntamientos que sean turísticos.
Uno de los puntos medulares que ponen sobre la mesa los empresarios, es que se pueda reanudar (durante este año y hasta 2024) la construcción de la presa Chicoasén II y otros cuatro proyectos que complementen el Sistema Alto Grijalva.
“Mitigar la caída de la actividad económica, mediante el impulso a la inversión pública y la generación de empleos en el corto plazo. Para ello, destinar recursos adicionales a proyectos de pavimentación a través del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) en todos los municipios de la entidad mínimo por 10 veces lo asignado en 2019, y adelantar inversiones contempladas para 2020-2021, para la modernización de planteles mediante el Programa Escuelas y la creación de universidades públicas”, añade la propuesta de Coparmex.
Para mejorar los trabajos de las autoridades, el sector empresarial exhorta a las instancias gubernamentales a que en un afán de mejorar la transparencia, las sesiones de los comités que se encargan de asignar las obras se haga a través de una transmisión en vivo, a fin de que todos los sectores estén enterados.
Como una forma de garantizar el pago de los proyectos y de evitar el acumulamiento de deuda, se sugiere que a los dos días de ingresada la estimación de la obra se pueda cubrir el 70 por ciento del costo total y, dos semanas después de aprobada, se pueda liquidar el resto de la obra, caso contrario, se apliquen sanciones por retraso.
Una de las formas en que también se puede apoyar a los empresarios, dice la Coparmex, es que las autoridades y los municipios tengan la disponibilidad de participar en un esquema de cadenas productivas de Nacional Financiera (Nafin) para gestionar créditos por el orden de los dos mil millones de pesos.
“Por ley, garantizar que al menos el 70% de monto de la inversión y/o gasto gubernamental del Estado y los municipios se adjudiquen a empresas chiapanecas. Certificándose que la empresa tenga por lo menos tres años de operaciones en Chiapas, no bastará con comprobar el domicilio fiscal”.
En el documento también se exhorta a las instancias gubernamentales a que adecuen las leyes de adquisiciones y obra pública para eliminar las asignaciones directas de contratos o proyectos, además de quitar las compras por invitación o los subcomités, situación que también abonaría en la transparencia de asignación de recursos.
