En 2021 entró en vigor una reforma a la Ley de Migración que prohíbe la detención de niñez y adolescencia migrante, y a dos años de su implementación, particularmente en Chiapas, organizaciones de la sociedad civil dijeron que continúan la detención, la privación de la libertad y la deportación.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) dijo que la armonización de la ley puso el acento en las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la restitución de los derechos que implica, pero ello aún conlleva un reto para las autoridades involucradas porque las detenciones continúan.
A pesar de las reformas a diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político —en materia de infancia migrante—, que prohíben la privación de la libertad de menores por motivos migratorios, además del principio de la no devolución que garantiza el derecho a la unidad familiar, aún se siguen llevando a cabo estas acciones en detrimento de las infancias y adolescencias en contexto de movilidad.
“La detención migratoria, la privación de su libertad, incluso fuera de estaciones migratorias; la falta de evaluación consistente de su interés superior y planes de restitución que comúnmente dictan su retorno asistido, [son] acciones que parecen más alineadas a contener los flujos migratorios, antes de que lleguen a Estados Unidos, que a proteger a la niñez y la adolescencia migrante”, destacó la organización.
En Chiapas, 17 espacios fueron habilitados como Centros de Asistencia Social para los propósitos de la armonización de la Ley de Migración: cuatro en Tonalá, dos en Berriozábal, dos en Palenque, así como uno en Arriaga, Frontera Comalapa, Comitán, Trinitaria, Motozintla, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.
Por su parte, en la documentación del Imumi encontraron testimonios de menores en situación de detención en Palenque y Tapachula, por lo que cuestionaron el desarrollo del sistema Centro de Asistencia Social frente a las reformas.
“Genera dudas acerca de cómo estas instituciones de puertas cerradas puedan servir al interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes”.
Recursos
Estos Centros de Asistencia Social reciben recursos federales con carácter de subsidios, que deberían ocuparse para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, establecimientos asistenciales y lugares habilitados que operan los sistemas DIF.
