El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) combaten el “coyotaje” en la compra-venta de viviendas a través de un convenio de colaboración.
Así lo dio a conocer Marisol Ceballos Labastida, presidenta de la AMPI sección Tuxtla Gutiérrez, quien dijo que espera renovarlo y ampliar las facultades del mismo en mayo del próximo año.
Explicó que el principal objetivo del convenio es que todos los derechohabientes que quieran comprar una vivienda trabajen su compra-venta a través de un agente inmobiliario adherido a la AMPI.
Aseguró que es el único organismo donde tiene más garantía de que no le va a cobrar la gestoría a los trabajadores debido a que es un tramité gratuito, pero hay personas que piden hasta 40 mil pesos por el papeleo.
La intención es evitar el “coyotaje” y que cada trabajador que quiera ejercer su crédito sea atendido por un profesional capacitado, sobre todo en la integración de un expediente técnico que le garantice el acceso a una vivienda que cumpla con sus necesidades.
Manifestó que se ha encontrado con personas que le comentan que meses atrás le dieron dinero a determinado sujeto para hacer el tramité de compra-venta, pero no les resuelven nada e incluso desaparecen.
Otro objetivo es que todos los miembros de la asociación se certifiquen en materia de crédito y vivienda ante el Infonavit, lo que han hecho hasta el momento de forma paulatina.
Sobre la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de las nuevas reglas de operación para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit, la presidenta de la AMPI consideró que servirán para regular la compra-venta de viviendas.
Aunque dijo que aún estudiarán de forma detallada las reglas, indicó que van encaminadas a que los trabajadores adquieran una vivienda con todos los servicios.
Señaló que prácticamente las zonas conurbadas de la ciudad no tienen calles pavimentadas ni todos los servicios básicos, es decir, no tienen la infraestructura urbana con la que debe contar una propiedad que se compre con un crédito del Infonavit.
El crédito hipotecario al que tienen acceso los trabajadores les debe garantizar que tendrán acceso a todos los servicios en el hogar, de ahí los cambios regulatorios que se aprobaron.
El organismo seguramente busca que la vivienda le dure al trabajador más de 30 años, que tiene ecotecnologías, que sí va llegarle el agua potable, que tendrá drenaje, que no esté en zona de riesgo y que no se va a inundar.
Esto obligará a las constructoras y a las dependencias encargadas de la infraestructura a ejercer de mejor forma los recursos privados y públicos.
Indicó que es tarea de las instancias procurar que los desarrolladores tengan acceso a terrenos donde se puedan llevar todos los servicios y que construyan viviendas dignas.
