Integrantes de la Asamblea Estatal Democrática (AED), Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), se manifestaron en contra de la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, ya que aseguraron que criminaliza, judicializa, inhibe y anula el derecho a la protesta popular como derecho humano.
Los integrantes de la organización magisterial señalaron que esta modificación da paso a la represión masiva y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador organizado y no organizado.
En su posicionamiento, dijeron que la reforma es una medida antipopular, proempresarial y autoritaria, ya que prohíbe y conduce a anular el derecho humano a la protesta, a la que el pueblo trabajador recurre ante la violación sistemática de otros derechos humanos fundamentales en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.
Destacaron que es una ley que transgrede los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.
De la misma manera, la señalaron como una política que abre paso a la represión masiva y selectiva contra el conjunto del movimiento popular en el país. Es una ley que estipula el uso de la fuerza policíaca militar, en particular, la participación de la Guardia Nacional en la aplicación del “Estado de derecho burgués”, es decir, la represión en todas sus formas; por ende, el aumento de las víctimas de la violencia perpetrada desde y por el Estado.
Esta reforma ratifica la protección a los intereses del capital privado, garantiza los intereses económicos de empresarios nacionales y extranjeros, que son quienes poseen la concesión de carreteras, autopistas y otras vías de comunicación que sirven primordialmente para el flujo de la mercancía.
De la misma manera que calificaron como un argumento falso y pueril decir que durante una protesta popular se le afecta a los intereses del pueblo trabajador, sí es este a quien, constantemente, el Estado mexicano viola múltiples derechos humanos.
El vocero del grupo dio a conocer que esta ley criminaliza y judicializa el descontento y la protesta popular, por lo que hacen un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos de nivel nacional e internacional, a las personalidades progresistas, honestas y solidarias, al conjunto del movimiento popular y al pueblo en general, a observar, documentar y denunciar los actos violatorios que contravienen los marcos constitucionales en materia de derechos humanos.
