Una nueva iniciativa de ley para la protección de las víctimas de la violencia y cambio en los protocolos de uso de la fuerza en cuerpos castrenses y policiacos federales, ha sido enviada al Congreso para su análisis. Además, se enlistan acciones de gobierno en defensa de los derechos humanos.
Con el propósito de fortalecer la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia, las Fuerzas Federales tienen la instrucción de que en todos los casos remitan al Ministerio Público o al juez competente, a las personas detenidas en flagrancia o en cumplimiento de una orden judicial.
Además, es una instrucción reiterada a todas las Fuerzas Federales, a todas las dependencias del Gobierno Federal, garantizar su aplicación, así como emitir directivas actualizadas para hacerla efectiva, y actuar en todo momento con estricto apego a tales directivas.
Las dependencias federales deberán, de ser necesario, actualizar sus directivas y sus protocolos aplicables en el uso legítimo de la fuerza, en la observación de la cadena de custodia, en la preservación de las evidencias del delito, todas ellas indispensables para asegurar la integridad y eficacia de las investigaciones ministeriales, tal como establece el marco legal aplicable en México.
El jefe del Ejecutivo federal destaca que lo referente a custodia y preservación de evidencias, ya está considerado en otra iniciativa presentada al Congreso de la Unión, de reformas al Código de Procedimientos Penales Federal, que aún está pendiente de ser analizada y dictaminada por el Legislativo.
La Procuraduría General de la República deberá redoblar la capacitación y los esfuerzos para aplicar el Acuerdo en Materia de Preservación de Evidencias que también fue publicado en febrero de este 2011, y que de acuerdo con este criterio, tiene que ser conocido y aplicado en toda la estructura de procuración de justicia a nivel federal.
Quienes toman parte de estas acciones, además, deberán estar plenamente concientes de la delicada tarea y de los riesgos de la inobservancia de los mencionados protocolos, pues la denuncia hoy tiene alcances incluso fuera del país.
