Eduardo Ramirez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, criticó la redistritación electoral que cambió las cabeceras distritales en regiones y dividió otras en la entidad, al tiempo de reconocer los retos electorales en la entidad y la “molestia social que existe entre chiapanecos”.
Ramírez Aguilar se refirió a la redistritación electoral exponiendo que “no era necesaria y ni se hizo en forma correcta”, tanto la federal como la local, tomando en consideración que en Chiapas a partir de los próximos comicios contará con 13 diputaciones federales.
En cuanto a la local, seguirán los 24 distritos, aunque se cambiaron algunas cabeceras, como el caso de Tapachula en donde solamente le queda uno y las zonas baja y alta pasan a los de Huixtla y Cacahoatán; mientras que a Tonalá le quitan la cabecera y pasa a Villaflores. Desde su perspectiva existieron atenciones sociales que deberían haberse tomado en cuentan antes de redistritar la entidad.
En este sentido, se dijo respetuoso de todos los actores políticos y de sus aspiraciones, aunque “necesitamos tener unidad y capacidad para tejer el destino de Chiapas de largo plazo”, esto sin descartarse a sí mismo en busca de la candidatura al Gobierno del Estado.
Reconoció que existe insatisfacción ciudadana y en las próximas elecciones podría haber una rebelión en ese sentido, por lo que los políticos tienen que acercarse más a la gente y dar soluciones, ser más solidarios.
Descartó que la pobreza que se enfrenta, no solamente en Chiapas sino en todo el país, se deba combatir únicamente con recursos públicos, sino con un mayor trabajo conjunto entre las instituciones y los ciudadanos, pero sin paternalismos.
Asimismo, aclaró que ante los escándalos por el fraude cometido en el caso de los chiapanecos en el exterior, el diputado migrante desaparecerá permanentemente para la próxima Legislatura.
Dijo que en el caso de Suchiate, en donde la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo se encuentra procesada por el otorgamiento de actas de nacimiento a extranjeros que les permitió obtener credenciales del INE, el asunto está en los tribunales y “el Congreso solo es espectador”, al igual que en el asunto de la detención del alcalde de Cintalapa, Enrique Arreola.
Sin embargo, pidió a todos los ediles ponerse al corriente de sus cuentas públicas, mientras que en el caso de los expresidentes que tienen procedimientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el OFSCE, estos determinarán lo conducente.
