Más de 50 organizaciones de 11 países de América Latina, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), advirtieron que “el avance de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo profundiza la conflictividad social y territorial en la región, en tanto subordina la protección de la vida, los territorios y los bienes comunes a intereses económicos de corto plazo”.
Agregaron que “la expansión de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura se impone, en numerosos casos, sin garantizar el derecho individual y colectivo a la consulta previa, libre e informada ni el consentimiento de los pueblos y comunidades afectadas”.
En un pronunciamiento manifestaron que “esta imposición del despojo y ocupación es incompatible con las formas de organización, los sistemas propios de gobierno y las visiones de futuro con impactos diferenciados sobre mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y personas LGBTIQ+, quienes enfrentan mayores cargas de cuidado, discriminación y violencia”.
Riesgos
Expresaron que “en este contexto, defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en América Latina sigue siendo una actividad de alto riesgo. La región continúa como la más letal del mundo para quienes ejercen este rol. Tan solo en 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras, sobre todo en Colombia, seguido de México y Brasil”.
Las agrupaciones firmantes, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú, también afirmaron que “la realidad de nuestra región es crítica”, pues “atravesamos una profunda reconfiguración del poder marcada por el debilitamiento y desmantelamiento de las instituciones democráticas y por el retroceso en la garantía de los derechos humanos”.
Destacaron que “las agresiones que enfrentamos evidencian un entramado de violencia que combina vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución judicial, alimentado por la impunidad con la que los Estados responden a los riesgos que enfrentamos”.
