El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, consideró que existe una ofensa a la integridad de las y los periodistas chiapanecos al ser exhibidos a través de una publicación vía redes sociales.
Andrés Arturo Solís Álvarez, Araceli Salcedo Jiménez, Claudia Anguiano Ramos, José Raymundo Sandoval, Luis Alberto Zamora, Sara Méndez Morales, Silvia Chica Rinckoar, Verónica Espinosa Villegas y Víctor Hugo López Rodríguez, integrantes del Consejo, hicieron del conocimiento inmediato de dicha situación a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que atendiera el caso.
Lo anterior, en vista de que el 28 de marzo pasado, periodistas que ejercen su labor en Tapachula, y municipios aledaños, denunciaron que sus nombres y fotografías fueron publicadas sin su consentimiento en una página de la plataforma sociodigital de Facebook, propiedad de la empresa Meta. En esta publicación fueron acusados de tener vínculos con un grupo criminal que opera en la región.
“A la fecha la página donde se realizó la publicación no solo sigue vigente, sino que se ha replicado en, por lo menos, otra página de la misma plataforma y en perfiles de varias personas […] Desconocemos si el Gobierno de México hizo la solicitud formal a la empresa Meta para eliminar la página de origen”, expusieron.
También manifestaron que este tipo de publicaciones solo contribuyen a elevar el nivel de riesgo de periodistas que ejercen su labor en una región considerada de riesgo por los conflictos propios de la movilidad humana que se registran en esa zona fronteriza con Guatemala.
Además, en esa región operan grupos del crimen organizado dedicados al trasiego y venta de drogas, al tráfico humano, la extorsión, y donde también se han documentado abusos cometidos por agentes del Estado adscritos al Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas, fundamentalmente Ejército y Guardia Nacional.
Por tanto, el Consejo ubica a las acusaciones que se hicieron públicas como una amenaza a la integridad física, la seguridad y la vida de las personas periodistas aludidas, además de que significan un atentado directo a su derecho a ejercer el periodismo de forma libre y segura.
Al mismo tiempo, exigió a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo que actúe conforme a sus atribuciones, que establezca contacto con las personas aludidas y se inicie en su caso el proceso de incorporación al mecanismo, para que se realicen los estudios de evaluación de riesgo y se establezcan medidas cautelares a su favor.
