La transparencia es la madre de la rendición de cuentas. Si no sabemos lo que los gobernantes hacen, y cómo, estamos impedidos de fiscalizar su tarea. En la penumbra, los gobernantes medran y protegen su impunidad. Sin supervisión, el sistema democrático está cojo: puede elegir a los funcionarios, pero desconoce si cumplen con su encargo al pie de la letra, con integridad y honradez.
La lucha por abrir la función pública al ojo ciudadano avanza penosamente en el Poder Ejecutivo federal, pero se atora en el Judicial y en el Legislativo y retrocede visiblemente en los gobiernos de los estados.
En Puebla, al góber precioso, Mario Plutarco Marín Torres, parece pesarle demasiado su segundo nombre y actúa como jefe máximo que abusa del auto elogio, aplica la censura y ejerce la cooptación para mantenerse intocable, a pesar de los excesos que han marcado su sexenio, notablemente el atropello de la periodista y escritora Lydia Cacho, que casi eclipsó la grave denuncia de pederastia contra particulares y políticos.
Cientos de millones de pesos se usan con vaguedades para encubrir su destino por diputados de todos los partidos políticos a quienes no basta su excesivo salario.
No es el único caso. En Veracruz, el gobernador Fidel Herrera Beltrán protege los gastos y salarios de su régimen por seis anos, tres más de los que tendrá responsabilidades. Sólo lo pone nervioso que su viejo par y enemigo Miguel Ángel Yunes Linares sea su sucesor.
En Zacatecas y otros estados, el indebido gasto para apoyar candidaturas de sus partidos fue escandalosamente denunciado, y en Jalisco, el propio gobernador reveló sin recato cómo apoya libremente a quienes prefiere, empresas de comunicación o jerarcas religiosos.
Porque la otra cara de la falta de transparencia es el cinismo, o la doble contabilidad de los ingresos públicos.
El gasto es detectable, pero los ingresos son imposibles de identificar y de rastrear, cuando no hay honestidad en el poder público.
Más certeza a las telecomunicaciones
La restitución en sus cargos de dos consejeros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) brinda nuevamente certidumbre a un sector cada vez más importante en esta sociedad de la información.
Primero, porque despeja presuntas injerencias de poderes fácticos en la remoción de Gonzalo Martínez y Rafael del Villar, y segundo, porque elimina el obstáculo que representaba que el Senado pudiera vetar a los candidatos propuestos por el Presidente bajo criterios políticos propios.
La autonomía de la Cofetel es indispensable ya que tiene la facultad, nada menos, de otorgar concesiones de radio y televisión y definir los criterios de operación de cable, telefonía y servicios multimedia que representan ganancias cada vez mayores. Tan sólo en el primer semestre de este ano la industria creció 36.4%, un avance sin precedentes desde que se mide el Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), en 1999.
Lo que falta ahora es dar a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) facultades legales para controlar y sancionar en caso de prácticas monopólicas a los grandes consorcios que hoy dominan las telecomunicaciones y otros sectores. (El Universal).
