El secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República dijo hace unos días que si bien la deuda de estados y municipios no constituye un peligro para la Federación, el problema es la tendencia, es decir, esa situación en que la falta de recursos lleva a mayor endeudamiento del que ya existe. También ha dejado claro que no hay partida para rescates.
El pasado martes que acudieron al Congreso los presidentes municipales recién llegados a las alcaldías, destacaron dos hechos. El primero de ellos es que el presidente de la Comisión de Hacienda de la LXV Legislatura local, Emilio Salazar -uno de los responsables del actual sobreendeudamiento-, les respondió con una alternativa desechada de antemano, es decir, hacer una solicitud de recursos a la Federación; el segundo hecho es que el número de ediles en bancarrota va en aumento. Por esta vez, haciendo a un lado la situación del estado, es pertinente plantearse qué se va a hacer frente a este problema de los ediles.
La deuda de ellos -como la de Chiapas- luce impagable, es un problema grave, pues ha afectado la economía de sus respectivos entornos comerciales y empresariales al quedar a deber a diestra y siniestra, pero además deben energía eléctrica y telefonía, laudos laborales, etecétera.
Hace más de cuatro años fue detectada la insolvencia galopante: la frecuencia con que contrataban deuda tanto Chiapas como los Ayuntamientos era a todas luces insana y anormal. Pero nadie hizo señalamiento alguno, en ningún nivel de gobierno.
Ahora se reparten culpas, independientemente de la futura acción penal y devolución de recursos por la vía que sea, derivadas de lo que arrojen las auditorías a más 400 mil millones de pesos ejercidos en seis años aquí.
Hay responsables, o irresponsables, según se desee ver, y éstos son el propio ex gobernador Juan Sabines y el equipo de incompetencia y rapacidad -sólo a Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho le adjudican un cobro de 70 millones de pesos por haber bursatilizado parte de la deuda chiapaneca-, los diputados de las Legislaturas anteriores y de la actual, la mayoría de los ex presidentes municipales de trienios anteriores, pero también los funcionarios de la banca de desarrollo que forzosamente debieron tener información de lo que estaban comprometiendo tanto el estado como los municipios, y la banca privada.
La banca en México cayó en una complacencia de otorgamiento de crédito, esperando siempre que con las transferencias que reciben los estados y municipios desde el centro, garantizaran esos créditos, dijo Raymundo Tenorio, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Es más, según ve, en el sistema financiero mexicano existe corresponsabilidad e incluso irresponsabilidad en la crisis de deuda de los estados y municipios del país.
Ahora bien y por último, qué hacer ante los presidente municipales en quiebra. Esta misma pregunta se planteó cuando Sabines hizo el último préstamo. Se dijo que no le autorizaran y que asumiera la consecuencias. Este caso es similar. Primero deben tocar fondo los ediles, y no lo han hecho.
