Con fecha 28 de este mes, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Federal Electoral, Sebastián Lerdo de Tejada, presentó una ampliación de queja contra el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, por presunto doble financiamiento a su campaña, en la que destaca la información publicada por el periódico El Universal, que en su edición de ayer señala que el Gobierno del Distrito Federal habría entregado contratos por más de cien millones de pesos a empresas ligadas a López Obrador.
El representante partidista dijo que se incluye una copia del diario y la dirección electrónica de la nota que expone una investigación que revela el presunto financiamiento del que son presuntas responsables empresas cuyos propietarios son colaboradores cercanos del abanderado de la izquierda.
La denuncia contra Andrés Manuel López Obrador es un asunto grave al tratarse, de acuerdo con el prestigiado medio de comunicación, de presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de recursos de los partidos políticos, es decir, financiamiento irregular y paralelo de campaña en beneficio de los partidos integrantes de la mencionada Coalición, a través de las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, las cuales han sido anteriormente cuestionadas tanto sobre el manejo de sus recursos como en cuanto a sus ingresos y egresos.
El representante que promueve la ampliación a la queja, informó que pedirá a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral analice esas nuevas líneas de investigación, según las cuales ambas asociaciones habrían obtenido contratos del gobierno de la Ciudad de México a través de empresas mercantiles.
Las empresas que han sido sindicadas son SAD Desarrollo y Transparencia cuyo socio fundador es Héctor Muñoz Ibarra, presidente de Austeridad Republicana, organismo vinculado con Andrés Manuel López Obrador, así como AFK y AAR, firmas que de acuerdo con la publicación mencionada, también obtuvieron contratos del Gobierno de la Ciudad de México por 110 millones de pesos.
La Unidad tiene facultad para pedir información sin que sean obstáculos los secretos fiduciario, financiero y fiscal, por lo que deberá determinar lo ocurrido y si hubo triangulación de recursos y en su caso si el Gobierno de la Ciudad de México tiene alguna intervención, dice Lerdo de Tejada en el expediente Q-UFRPP 36I12.
