Quejas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha sido de mucho beneficio frente al poder de las entidades financieras, sin embargo, el auge de inconformidades hace ver la necesidad de mayores controles, pues la ausencia de equilibrios en estas relaciones se traduce en deterioro económico del eslabón más débil, el usuario deudor.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en estos primeros cinco meses de este año, recibió 18 mil 592 quejas derivadas de la gestión de cobranza contra siete mil 954 en igual lapso de 2010, con un promedio mensual de tres mil 717. Esto representa un incremento del 134 por ciento en las quejas por la gestión de cobranza de enero a mayo, lo que refleja una creciente molestia de usuarios de servicios financieros ante malas prácticas de los bancos y de sus despachos.

La cobranza es el derecho que tiene la institución financiera para recuperar los adeudos de capital, intereses, comisiones y otros cargos a los que a través de un contrato se comprometió el deudor al adquirir un producto o servicio financiero, sin embargo se debe ejercer conforme a la ley, sin faltar ni transgredir la dignidad.

Por ello la institución financiera debe, al igual que sus despachos de cobranza, identificarse plenamente y en su caso señalar a quien representa, así como requerir el pago de una forma apropiada sin ningún tipo de agresión.

El acreedor tiene la obligación de proporcionar a petición del deudor toda la información sobre la integración de su saldo y ayudar a encontrar una solución al problema financiero.

Además, de acuerdo con la Comisión, deben documentar por escrito los compromisos adquiridos, debiendo constar la rúbrica de ambas partes y proporcionar el escrito de finiquito de adeudo que haga constar el pago realizado.

La Comisión señala que similares molestias se han detectado en los usuarios que se quejan ante el organismo con motivo del ofrecimiento de algún producto financiero por parte de diversas instituciones bancarias. Las instituciones financieras y sus representantes legales internos o externos no se identifican de manera adecuada, no indican a qué banco están representando; primero quieren obtener toda la información posible, antes de definir el motivo de la llamada telefónica.