La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, cada día cobra mayor importancia por sus benéficos aportes ante el cúmulo de inconformidades de particulares que han visto y siguen viendo atropellados sus derechos en diversos tipos de transacciones.
El organismo que auxilia a usuarios de estos servicios, como su nombre indica, promueve además acciones preventivas como orientar, informar o promover la educación financiera entre los particulares; así como correctivas, tales como atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros.
No obstante, pese a los enormes beneficios que da dicha Comisión frente al poder de las entidades financieras, el auge de inconformidades hace ver la necesidad de mayores controles, pues la ausencia de equilibrios en estas relaciones se traduce en deterioro económico del eslabón más débil: el usuario deudor, el consumidor.
De acuerdo con la Comisión, en doce meses recibió casi 40 mil quejas en 2011 derivadas de la gestión de cobranza contra casi 16 mil en igual lapso del año anterior. Esto representa un aumento de más del 100 por ciento en los señalamientos contra la gestión de recuperación en tal lapso, lo que pone en evidencia una creciente insatisfacción y molestia de usuarios ante malas prácticas de los prestadores de estos servicios y sus despachos asociados o contratados.
La cobranza sin duda es el derecho inalienable que tiene la institución financiera para recuperar los adeudos de capital, intereses, comisiones y otros cargos a los que a través de un contrato se comprometió el deudor al adquirir un producto o servicio financiero, sin embargo se debe ejercer conforme a la ley.
Pero no sucede así, por ello, frente a ese aumento de quejas que se ha detectado, sería conveniente que en la búsqueda de un efecto disuasivo frente a la tentación del abuso generalmente de parte del proveedor, se dotara de mayores potestades a la Comisión, pues lo anterior no dañaría a las entidades financieras pero sí beneficiaría en mucho al consumidor o usuario.
