Jorge Emilio González . A lo largo de este año, México ha sido afectado por una serie de fenómenos meteorológicos sin precedente. Primero golpeó el huracán Alex, que afectó Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; luego se presentó Karl, que dejó graves daños e inundaciones, principalmente en Veracruz; después Matthew impactó a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; Paula no tocó el territorio nacional, pero lo cierto es que aún no termina la temporada de ciclones.
Estos fenómenos hidrometeorológicos han dejado severos daños a la infraestructura urbana, pero sobre todo a la vivienda, pues más de 100 mil casas habitación, en lo que va del año, han sido sepultadas por lodo. La mayor parte de las viviendas afectadas y de la población damnificada, vive en asentamientos urbanos irregulares y claramente en zonas de riesgo. De acuerdo con el Conapo, 37 por ciento de los mexicanos reside en municipios vulnerables al impacto de huracanes y uno de cada tres mexicanos habita en zonas susceptibles de inundación.
Desafortunadamente, toda la inversión que podría ejercerse en materia de planeación urbana para mejorar o regularizar los asentamientos humanos, reubicándolos y/o construyendo infraestructura para minimizar el impacto de inundaciones y huracanes, acaba ejerciéndose en los fondos para desastres naturales y ahora en la propuesta de un fondo de reconstrucción.
Antes de pensar en un fondo de reconstrucción, nuestro país debiera enfocarse en medidas tendientes a minimizar los impactos de los fenómenos naturales, pues nunca serán suficientes los recursos públicos destinados a reconstruir los daños que deja un fenómeno natural, ya que prácticamente la tercera parte de la población mexicana es vulnerable a los ciclones e inundaciones.
Lo que se requiere es la elaboración de mapas de riesgo y vulnerabilidad que incluyan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y que la legislación en materia de asentamientos humanos contemple el concepto de zonas de riesgo, con el fin de crear un marco legal que impida establecer comunidades en esas zonas. Los mapas de riesgo son un instrumento indispensable para la prevención, mitigación y respuesta a fenómenos naturales extremos o ante cualquier situación que afecte a las poblaciones del país, pues ayuda a reconocer el peligro y a tomar medidas anticipadas.
El inconveniente es que no hay una adecuada coordinación entre las diferentes competencias de las autoridades federales, estatales y municipales, en los temas de planeación urbana. El resultado es que nadie se hace responsable pese a que ocurren todo tipo de actos irregulares, como son cambios o concesiones ilegales de usos de suelo, invasiones toleradas, o incluso fomentadas para especular y vender ilegalmente terrenos, etc.
Al elaborar planes de ordenamiento ecológico y mapas de zonas de riesgo, va a ser muy importante también una mayor claridad de competencias y responsabilidades de todos los órdenes de gobierno en materia de uso de suelo. De lo contrario, pasarán años y seguiremos hablando de fondos de desastre y de reconstrucción, en lugar de fondos para planeación y desarrollo urbano. (*Presidente del PVEM)
