"Al inicio de su sexenio, el presidente Felipe Calderón advirtió a todos los mexicanos: la lucha contra la delincuencia organizada costará muchas vidas. Y así fue. Lo que no se anticipaba era que a la par de las ejecuciones y las balaceras se incrementarían exponencialmente otros delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el saqueo a Pemex.
La acción policiaca y militar del gobierno federal ha golpeado a los cárteles del narcotráfico, dividiéndolos y cortando algunas de sus fuentes de ingreso; sin embargo -contrario a lo que pudiera pensarse-, esta atomización no ha conducido a los grupos delincuenciales a la extinción, sino más bien a su incursión en otros sectores como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, la trata de personas y el contrabando. ¿También son ellos los responsables del robo a Petróleos Mexicanos? Las autoridades desestiman su autoría en este ámbito. Lo cierto es que, cuando menos, ambos factores han sido directamente proporcionales: la diversificación de los cárteles y el robo a Pemex.
En los últimos cinco años se han multiplicado las tomas clandestinas a los ductos de la paraestatal, el secuestro de sus pipas y el robo de su equipo. Más de 30 millones de pesos perdidos en esas y otras acciones. De 2004 a la fecha se ha cuatriplicado el número de tomas clandestinas, según cifras gubernamentales. ¿Qué se ha hecho para frenar el saqueo? Poner al Ejército a patrullar algunas instalaciones, una medida de probada ineficacia a juzgar por los datos.
Por eso cobra relevancia el diagnóstico que realizó en 2006 el general Víctor Manuel de la Peña por encargo de Pemex: ""el control de los accesos a las instalaciones estratégicas, que actualmente realizan 3 mil 800 vigilantes sindicalizados y 202 agentes de confianza, queda a la deriva porque sólo obedecen a sus líderes sindicales o a los jefes de quienes dependen e incurren cotidianamente en actos ilícitos"".
Cuatro años después de aquella evaluación nada se ha hecho para cuando menos suplir a parte del personal presumiblemente corrupto o negligente. Es difícil robar combustible en grandes cantidades sin conocimientos técnicos específicos. Sean ex trabajadores de la paraestatal o empleados en activo, aliados o no con el crimen organizado, no es posible que el gobierno federal siga sin tomar medidas que vayan más allá de poner más cercas y soldados en las puertas.
Si el contrato colectivo con el sindicato impide contratar a empresas de seguridad o por lo menos reubicar a los actuales vigilantes, ¿cuál es el plan? El silencio del gobierno federal en este tema hace temer que no tienen ni idea. (El Universal)
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