A tres años del asesinato del activista Sinar Corzo, familiares y amigos dieron a conocer su exigencia para que se presenten avances en las investigaciones y en el juicio del caso.
El defensor de derechos humanos, Luis Harvey Pérez Cruz, dijo que a pesar de que el asesinato fue perpetrado el 3 de enero de 2019, “seguimos exigiendo un alto a la impunidad por parte de las autoridades, que tienen la obligación de garantizar la procuración de justicia”.
Expuso que el caso está estancado, considerando que se quedó en la etapa intermedia que debió resolverse en un plazo de entre seis y ocho meses; a pesar de ello, suman más de dos años sin que se resuelva nada con claridad.
Comentó que el tema es mediático, apuntando que a pesar de lo cobarde del asesinato del activista, aún no hay ningún sentenciado.
Aclaró que hay tres personas que están recluidas en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) núm. 14, mejor conocido como “El Amate”. Una de ellas es Apolinar Castillejos, suegro del ex presidente municipal de Arriaga; otro de los reclusos es David Parada Vázquez, además de dos personas acusadas como homicidas materiales, de quienes están reservados sus nombres debido a las investigaciones del caso. A lo que dijo, se suma una supuesta ficha de localización del exalcalde.
Luis Harvey expresó que con esta situación, como en el caso del también asesinado periodista Mario Gómez, sólo se pone en riesgo la vida de comunicadores y defensores de derechos humanos.
Insistió que hay un tiempo que marca la ley como razonable para ejecutar órdenes de aprehensión, de liberación si son inocentes, y en el caso de Sinar este tiempo ya se excedió, pues a pesar de que las autoridades correspondientes tienen las pruebas necesarias para ganar, el juicio no se lleva a cabo.
Apuntó que podría haber intereses detrás de esto, porque no es posible que se sigan presentando dilaciones, a pesar de que el caso tiene recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la propia secretaria de Gobernación en su momento, Olga Sánchez Cordero.
