"En materia de derechos humanos México parece haber avanzado muy poco durante los últimos años. El deterioro mayor se percibe en el marco de la lucha contra el crimen organizado, a consecuencia de algunas acciones de las fuerzas del orden, y por condenas de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha encontrado culpable al Estado mexicano en casos específicos, como el de Rosendo Radilla o el del llamado campo algodonero.
No hay que perder de vista, sin embargo, que si bien son los tres niveles de gobierno los culpables de tales violaciones, la responsabilidad de que no se sigan cometiendo no radica sólo en lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, sino en la sociedad en su conjunto, que es la que debe crear las condiciones políticas, sociales, legislativas y judiciales, que prevengan los delitos y reduzcan en lo posible la acción desordenada de la autoridad en la vida de los ciudadanos.
En tal sentido, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, reiteró ayer que no se ha hecho lo suficiente para proteger a la población. La respuesta del presidente Felipe Calderón fue admitir el rezago, pero vale recordar también que los delincuentes son los principales violadores de derechos y, por tanto, es necesario ""unir esfuerzos"" en contra de ellos.
El problema de enfocar la carga del flagelo en un solo actor gubernamental es que el crimen organizado, fuente principal de la inseguridad, no puede frenarse sin la injerencia de todos los actores involucrados en el tema, como por ejemplo empresarios que permiten la circulación de dinero ilegal; una sociedad civil tolerante ante el crimen y los abusos; gobiernos estatales y municipales omisos en sus responsabilidades.
También los legisladores ponen de su parte cuando asumen las reformas en materia de derechos humanos y de seguridad pública como temas secundarios, que pueden esperar.
No todo el panorama es desalentador. México ha avanzado en la medida en que hoy pueden verse casos en donde los gobiernos son forzados a cambiar sus decisiones luego de ser evidenciados en la violación de derechos humanos. Sin embargo, está claro que el país aún se encuentra a una larga distancia de la meta de ser territorio libre de arbitrariedades, abusos e indefensiones. Para avanzar en ese sentido hace falta la intervención de cada instancia social, empresarial y de gobierno. (El Universal)
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