Son tan irrefutablemente de interés nacional las telecomunicaciones, la radio y la televisión, que las leyes deben cuidar su sano y plural desarrollo para que cumplan escrupulosamente con sus fines de comunicar, informar, contribuir al fortalecimiento de los valores nacionales y de las prácticas democráticas, educar, elevar los niveles culturales y divertir, según las normas vigentes durante 45 anos.
Por eso hoy, cuando las reformas a las leyes en la materia despojan al Poder Ejecutivo, con la anuencia de éste, de sus facultades rectoras en los mecanismos de asignación de frecuencias, entre otras, y causan una vigorosa oposición civil, es de la más alta relevancia que ciertos legisladores planteen una controversia constitucional para revisar las recientes enmiendas aprobadas por otro sector de los congresistas.
La división de los legisladores en este asunto es notoriamente visible. Sus partidos se comprometieron en una reforma entrampados en plena campana presidencial, con la ilusión de obtener la buena voluntad de los consorcios televisivos por el momento, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Un grupo de senadores se dispone a deshacer el entuerto demandando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual puede esperarse un fallo totalmente favorable a los verdaderos intereses nacionales.
Sería verdaderamente preocupante que una modificación legal trascendente, tan seriamente cuestionada por la opinión pública, prevaleciera por la avidez de ciertos grupo de poder en congraciarse con quien, parece, consideran un poder superior, aunque esté en manos de particulares y responda a intereses de lucro.
La televisión tiene tanto peso en la vida moderna que es necesario abrirle opciones. Si en el espectro internacional disponemos de una variada gama de docenas de posibilidades en la programación, es una limitación de aire medieval que en México sólo dispongamos en realidad de un par de canales de alcance nacional y con amplios recursos técnicos y humanos.
La apertura y la pluralidad en el sector son condiciones necesarias para atender los retos que plantean los nuevos tiempos a la radio y a la televisión mexicana, que ahora graciosamente también tienen la oportunidad de incursionar en otros surtidos negocios de las telecomunicaciones, en virtud de las reformas legales aprobadas el 1 de diciembre por la Cámara de Diputados.
De hacerse efectiva la controversia ante la Suprema Corte, la disyuntuva de ésta sería ratificar los privilegios a los particulares, que les fueron despachados con desmesura en el Congreso, o considerar las necesidades superiores y prioritarias de la nación.
Tenemos en las leyes las herramientas insustituibles para ordenar nuestro desarrollo tecnológico y científico, pero también cultural y político. México no puede ni debe claudicar a sus potestades para concesionar las ondas electromagnéticas. Hay que frenar el exceso. Ese es el desafío que tendría la Suprema Corte, ante quien senadores de los principales partidos acudirán en demanda de un juicio sin duda histórico, por el enorme poder de los magnates. (El Universal)
