Como en la mayoría de los campos, el impresionante desarrollo científico y tecnológico en materia de telecomunicaciones, radio y televisión ha tomado la delantera a la reglamentación existente, concebida para situaciones diferentes a las que tenemos.
Sin embargo, el núcleo del asunto no ha variado. Es decir, televisión, radio y telecomunicaciones son inseparables de la vida moderna y están tan entranablemente imbricadas con ella, que sería imposible remodelar su marco regulatorio sin una amplia y seria participación de todos los sectores sociales.
Todo el sistema de comunicaciones descrito comprende un sector estratégico de México, pues él nos mantiene vinculados, nos alimenta de información, nos comunica, nos ayuda a dirigir nuestros negocios, fomenta el crecimiento económico, reanima la actividad cultural y nos enlaza con el mundo. A todos nos compete saber que será regulado de modo tal que sirva a la democracia y permita una competencia sana en beneficio del consumidor. A nadie conviene una regulación que dependa de la decisión de quienes son sujetos de la misma.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, con tal premura que atrajo de inmediato la atención de quienes ya han notado la destreza de los cabilderos de los interesados en el Palacio de San Lázaro. Las reacciones cuestionadoras se suceden diariamente desde entonces.
Hoy, el Senado dará entrada al proyecto de reformas y tendrá oportunidad de revisar con más tiempo, menos presiones y mejores y más amplias consultas, si el proyecto recibido contribuye a mejorar el marco regulatorio de la radio y la televisión o si es necesario restaurarlo.
Un análisis de la iniciativa de reformas observa contradicciones e inconexiones que merecen atención puntual.
Por ejemplo, el refrendo de concesiones, que antes era por 12 anos, ahora es por 20, cuando la media internacional es de 8 a 10. Este parece ser un extranísimo gesto magnánimo hacia los concesionarios. Se transfiere la facultad de otorgar concesiones de la Secretaría de Comunicaciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, con la presunción de independizar la función, aunque en realidad el atributo quedará en manos de funcionarios designados por el Presidente, quien es hoy quien reparte discrecionalmente las concesiones. También se cierra el paso a las radiodifusoras comunitarias, que proporcionan un vital servicio de comunicación en áreas serranas aisladas, pero que no son bien vistas por las corporaciones de radio y televisión, que tanto éxito han tenido en evitar que las estaciones culturales vendan espacios publicitarios a quienes deseen comprárselo y que languidecen con magros recursos estatales.
Por el contrario, se abre la posibilidad de que las concesiones se pongan a licitación pública, que es decir, a subasta, con una mentalidad mercantil ilimitada, lo que de entrada desplazaría a los aspirantes con menos recursos y daría la ventaja a los grandes capitales del ramo.
La iniciativa de reformas ha avanzado la mitad del camino. Queda ahora la mitad definitiva, la que da al Senado la potestad de dar su beneplácito o la oportunidad de persuadir a su colegisladora de que pula su propuesta. La atención está ahora puesta en los senadores y, sobre todo, en que elaboren una ley justa, equilibrada, democrática y coherente con el estado de derecho del que se dice ungido el Estado mexicano. El Senado tiene ahora en sus manos un asunto de altísima responsabilidad. (El Universal).
