El transporte público de pasaje enfrenta, previo al otorgamiento de concesiones, una grave crisis y un escenario adverso para los ya concesionados ante hechos de corrupción que han permitido el incremento desmedido del pirataje que promueve un trato especial de parte de las autoridades encargadas de su regulación a grupos protegidos que sin concesiones dan servicios con unidades y placas particulares.
Es evidente el incremento desmedido de las unidades que prestan el servicio de pasaje de manera irregular y la falta de operativos para asegurarlas por parte de las autoridades, situación que ya han denunciado transportistas concesionados. Problemática que deja entrever ciertos acuerdos por debajo de la mesa que representarían miles o quizás millones de pesos para dejarlos trabajar sin ser molestados, así lo señalaron en fechas pasadas Nayeli Marisol Figueroa Carrillo, presidenta de la Sociedad Cooperativa Transportes Chicharas, y José Antonio Molina Pérez, socio y chofer, como por igual el representante legal de Transporte Soconusco, Saulo Sánchez Hernández.
Sin embargo, no sólo estos han denunciado las irregularidades, puesto que lo han hecho otros grupos que afirman que no hay estrategias ni la intención de acabar con el problema del pirataje. Las denuncias han sido directas en contra de la autoridad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en Tapachula, ya que no hay sanciones para los infractores, tampoco hay operativos y, además, se permite que unidades chatarra -con más de 20 años trabajando en las calles y casi inservibles con la posibilidad de quedar tiradas-, presten el servicio en detrimento de los intereses de los pasajeros.
Al respecto existen denuncias sobre que esa permisibilidad para las unidades chatarra tanto en colectivos de Tapachula y de otros municipios como en taxis, tiene un precio. En Tapachula, acusan que la delegación de Movilidad y Transporte otorga permisos o documentos en los que avala que esas unidades pueden seguir dando el servicio “por tener una vida útil” a cambio de cinco mil pesos, cantidad que el concesionario está dispuesto a pagar porque la crisis económica no está para comprar unidades nuevas y brindar el servicio con ellas.