Elementos de la Policía Municipal de Mazatán usurparon funciones y abusaron de su autoridad al detener sin fundamentos legales una unidad del transporte público de pasaje que cubre la ruta Tapachula-Mazatán, aduciendo que sospechaban que se estaba traficando con indocumentados. Con lujo de violencia detuvieron al conductor y trasladaron la unidad a sus instalaciones por órdenes del presidente municipal Pedro de la Cruz Villalobos. Aunque al final de cuentas se disculparon y reconocieron que habían cometido un error.
Sin embargo, estas acciones irregulares como el abuso de autoridad, la usurpación de funciones, la retención ilegal e incluso el uso de armas sin tener el permiso correspondiente, son acciones cotidianas de los policías municipales de Mazatán, que reciben instrucciones directas del alcalde quien en varias ocasiones encabeza personalmente los operativos de vigilancia, sobre todo en las madrugadas.
Este tipo de irregularidades son cada vez más frecuentes, por lo que las denuncias de extorsiones en Mazatán por parte de la policía son reiterativas. Los extranjeros que acuden al Santuario Diocesano Margarita Concepción se han convertido en sus objetivos, mientras que la delincuencia se mantiene tanto en la cabecera municipal como en la zona rural.
Sobre el caso reciente de este martes, se informó que una unidad de la empresa —debidamente concesionada— Cigarroa Hermanos fue interceptada por patrullas de la Policía Municipal, cuando esta transitaba en la tramo carretero entre el ejido Álvaro Obregón y la cabecera municipal de Tapachula, cumpliendo con la ruta establecida. Los uniformados con lujo de violencia acusaron directamente al chofer de ser “pollero”, a lo que este señaló que solo daba un servicio en una ruta establecida con un cobro de pasaje normal establecido por las autoridades, asegurando que no cometía delito alguno.
Uno de los policías, en tono amenazante, se dirigió a uno de los pasajeros exigiendo la documentación que identificara su nacionalidad, ya que aseguró que los pasajeros eran venezolanos y que serían detenidos junto con el conductor. Tratándose este actuar de una flagrante usurpación de funciones y actos ilegales, abusando de la autoridad conferida.
Luego de la detención de la unidad y la privación ilegal de la libertad del chofer, ya en las instalaciones oficiales municipales hicieron varias llamadas telefónicas al INM, a la FGR, a la GN, incluso hubo presencia de estas instituciones que determinaron que no había ningún delito, por lo que finalmente la supuesta instrucción oficial de un asesor legal fue que informaran los mismos policías municipales que habían cometido un error .