Aún sigue sin resolverse el conflicto que existe entre transportistas del servicio público de pasaje concesionado y transporte de carga con la directiva del ejido La Libertad, en el municipio de Suchiate, donde el Comisariado Ejidal y directivos pretenden otorgar permisos para mototaxis, además fue impuesta una modalidad de cobro de piso. Determinando que cada unidad de pasaje que da el servicio a esa comunidad, así como tráileres y particulares externos tendrán que cubrir 30 pesos para poder entrar al ejido.
Desde el pasado viernes, después de una supuesta reunión mensual, el comisario ejidal que identifican como José Manuel Ovalle y parte de su directiva impidieron el paso de ciertas unidades de transporte público que no pagaron la cuota impuesta. Esto generó inconformidad entre el gremio transportista, mismo que hizo un llamado a las autoridades de Suchiate, de Gobierno del Estado y del sector transporte, que más tarde sostuvieron una reunión.
Amenazas
Por un lado está la amenaza de los ejidatarios de no dejar entrar a las unidades que no paguen por el derecho de piso, y por el otro, la de los transportistas de bloquear la entrada a la comunidad para evitar la salida de los locales.
Presidida por la autoridad municipal Sonia Eloina Hernández Aguilar, se dio la primera reunión el pasado viernes y sirvió para que ambos bandos dieran sus versiones, además expresaran tanto la inconformidad de los transportistas como la de los ejidatarios. En esa primera reunión se señaló que se respetaría la ley y que esta no señala la obligación de un pago para poder transitar libremente en territorio nacional, ni que se les impida a los transportistas cubrir servicios ya establecidos.
Sin acuerdos
Reunidos en ese lugar, el delegado de Gobierno de Tapachula, Jorge Matalí Loranca, y el delegado de Transporte en la región abordaron el tema de las denuncias en torno a que el comisariado estaba dando permisos para trabajar a mototaxis, es decir, unidades piratas; se le señaló que la única autoridad que otorga esos permisos es el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Sin embargo, una vez que el comisario salió de esa reunión habría sostenido comunicación con el Consejo Directivo del ejido La Libertad, y estos mantuvieron su postura de que era un acuerdo de asamblea tomado a fin de reactivar un presunto acuerdo de años anteriores, en el que se tenía una cuota por entrada a la localidad y en consecuencia entregaron el acta de asamblea que según ellos es ley, sin respetar la Constitución mexicana.