El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) ratificó como presidenta municipal sustituta de Tapachula a la maestra Rosa Irene Urbina Castañeda, durante su sesión de este miércoles 30 de septiembre.
Los magistrados confirmaron el decreto número 189, emitido por la Comisión Permanente del Congreso del Estado el 28 de febrero, por medio del cual se designó a la otrora sindica municipal como alcaldesa sustituta del Ayuntamiento de Tapachula, luego de la muerte de Óscar Gurría Penagos.
El primer regidor propietario de este Ayuntamiento, Isidro Ovando Medina, fue quien impugnó dicho decreto de la Sexagésima Séptima Legislatura, quedando bajo el expediente TEECH/JDC/005/2020.
El actor manifestó principalmente como agravios que el acto impugnado fue emitido por una autoridad incompetente, así también, que la negativa del Congreso de no permitirle tener el cargo como presidente municipal sustituto, vulnera su derecho político-electoral de ser votado, pues la vacante le correspondía ocuparla por ser varón que sigue en la lista de integración en la plantilla ganadora.
El Pleno resolvió que la autoridad responsable, en este caso el Congreso local, es competente para realizar lo que le confiere la normatividad en análisis; asimismo, está facultada para estudiar y reglamentar todas las iniciativas de reforma constitucionales, y todas aquellas funciones que le permitan cumplir su objetivo.
Por otra parte, de la interpretación que se realiza de lo que dispone en los artículos 115 de la Constitución federal y 81 de la Constitución local, se desprende que en caso de renuncia o falta definitiva de uno o más de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso designará las sustituciones correspondientes, debiendo observar el principio de paridad entre los géneros establecidos en la Constitución, sin que exista preferencia en cuanto a género alguno se refiere.
De ahí que el nombramiento de la presidenta municipal de Tapachula constituye una acción afirmativa implementada por el Congreso del Estado, atendiendo el Principio de Paridad de Género establecido en los ordenamientos constitucionales federal y local.
En su momento, el regidor indicó que los diputados se debían apegar al artículo 36 de la Ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal, que establece que el Congreso local deberá garantizar que la o el sustituto sea del mismo género a quien se sustituye.
Sin embargo, declaró también que de acuerdo al diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, la designación de la alcaldesa se dio con base a un argumento jurídico, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dijo que si bien la ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal establece que se debió designar a un hombre como presidente municipal, dicho argumento fue legal y abría la posibilidad de nombrar a una mujer.
Como parte de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente, en aquel momento, señaló que conocieron la decisión de la Comisión de Gobernación, asimismo el argumento para que fuera una mujer y no un hombre, y les pareció bastante acertada por lo que votaron a favor.
Esta impugnación fue remitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a donde había sido presentado en primera instancia el recurso, por lo que el Tribunal local informará sobre la resolución aprobada este miércoles.
En otro punto, el Tribunal Electoral desechó el expediente TEECH/JDC/011/2020 promovido por Santos López Hernández, que se ostentaba como presidente municipal de Pantelhó, por el cual impugnó el decreto legislativo número 271, emitido por la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso local, el 21 de agosto pasado, por el que se nombra a la sindica municipal propietaria Delia Yanet Velasco Flores, como presidenta municipal de Pantelhó.
El pasado 2 de agosto, el Congreso local quitó el fuero al ahora exalcalde Santos López Hernández, para ser detenido ese mismo día por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ser denunciado por acoso sexual agravado.
El 10 de agosto, el organismo encargado de la impartición de justicia detalló que el delito se cometió en contra de una servidora pública y se ordenó la prisión preventiva del exservidor hasta que se resuelva toda la situación jurídica, teniendo un par de semanas para preparar su defensa.
El representante legal del acusado informó que este caso se llevaría a todos los organismos jurisdiccionales, argumentando que las acusaciones en contra del exfuncionario son infundadas.
El 6 de septiembre, después de que se hicieron todas las gestiones necesarias ante los órganos de control, Santos López Hernández quedó en libertad provisional por problemas de salud, después de estar recluido por acoso sexual agravado en el centro de reinserción social conocido como “El Canelo”, en Chiapa de Corzo.
Queda abierta la posibilidad de que ambos recursos sean llevados a otros órganos jurisdiccionales, según consideren los promoventes.
