Integrantes de la Coordinadora de Comunidades del Sur (Cocosur) de San Cristóbal de Las Casas reafirmaron su compromiso de cuidado, conservación y protección de la “casa común” así como de todos los elementos que en ello coexisten. Lo anterior, a 13 años de declarar como “lugar sagrado” a los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas.
Afirman que “los pobladores de San Cristóbal de Las Casas hemos vivido la desigualdad, el despojo y la falta de justicia social en carne propia desde hace más de 25 años”.
Señalaron que durante este periodo “tuvimos que levantar la voz y organizarnos para defender nuestra casa común, es decir, nuestro territorio. Hace 25 años el interés perverso y privatizador se quiso apropiar del agua, tierra y medio ambiente de San Cristóbal. Pero con la fuerza de la organización hicimos frente a esta envestida neoliberal de despojo, destrucción y muerte”.
Exponen que hace 13 años (desde el 11 de abril de 2010) los integrantes de la Cocosur dieron un paso importante al reconocer y comprender la importancia del territorio, humedales y agua como elementos esenciales para la vida y el futuro del territorio de San Cristóbal.
“Conmemoramos 13 años de lugar sagrado del humedal de ‘La Kisst’, y nos apegamos a los artículos 1, 2 (apartado a, b y c), 3, 4 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A los resolutivos del Acuerdo de Escazú en el cuidado del medio ambiente, derecho a la salud, medio ambiente sano y los derechos humanos. Además, de la protección de los derechos humanos y universales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Critican que la autoridad local ha evadido toda responsabilidad y compromiso ambiental, violando el derecho humano a un ambiente sano, privilegiando la muerte y destrucción del territorio.
Ante estos hechos, hicieron un llamado al Estado mexicano y a sus instituciones a que pongan atención al problema del medio ambiente en San Cristóbal de Las Casas, e intervengan para impedir la violación constante de los derechos humanos de los ciudadanos y, en particular, de los integrantes de la Coordinadora de Comunidades del Sur.
