La importancia de los derechos humanos radica en que la ciudadanía los conozca, mientras que la responsabilidad del estado es garantizarlos y no quede solo como herramienta de abogados defensores, señaló Gustavo Emir Reyes Pazos, coordinador general del Centro de Estudios de la Construcción de la Ciudadania y la Seguridad (Cecocise).
En el marco del V Congreso Internacional y XIX Coloquio en Defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas -Unach-, a través del programa de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, así como de Cecocise y de otros organismos privados, Reyes Pazos comentó que el objetivo de este evento es dar a conocer los diferentes casos de los alumnos de este programa quienes desarrollan en beneficio de comunidades dentro de entidad.
Temas abordados
Algunos de los casos que han trabajado los alumnos del programa de maestría en Defensa de los DD.HH., es “Derechos ambientales y crisis hídrica: omisiones estatales en la protección de poblaciones vulnerables”, el cual se efectuó una mesas de análisis al tomar un caso real, donde una autoridad municipal mantiene a una colonia en un estado crítico de emergencia hídrica por omisión. Al igual que colonias de algunos lugares de la zona metropolitana existe un incumplimiento de las autoridades al no garantizar agua potable.
Asimismo, casos de desplazamiento interno en un solo municipio al no existir los servicios básicos por muchos años a los cuales, como seres humanos, tienen derecho a que se les será provisto.
Este lunes que fue la inauguración del evento se contó con las ponencias de especialistas internacionales como la doctora Elena Dorothy Estrada Tanck, vicepresidenta del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las discriminación contra las mujeres y las niñas; la doctora María Patricia Ariza Velasco, quien es especialista en defensa de DD.HH., de infantes, quien habló sobre la violencia contra ellos y como ha ido en aumento por causa del crimen organizado, en especial, el caso Colombia.