Aún con las pruebas que presentó la familia sobre la desaparición de Antonio González Méndez, integrante de la Base de Apoyo del EZLN, ocurrida en el año de 1999 en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, en la audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado mexicano se negó a reconocer la desaparición forzada en contexto de contrainsurgencia.
Mario Ortega, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explicó que el Estado quieren reducir el tema a un caso particular, “para decir que no había sentido de analizar la contrainsurgencia y que estaban en la mejor disposición de cumplir las recomendaciones”.
Postura
Por ejemplo, el mismo Estado se dijo sorprendido de que el caso haya llegado a la Corte, “pero nosotros creemos que sí dejamos la información para el estudio de ese contexto para seguir las líneas de investigación y, desde luego, hallar la verdad”.
Para el Frayba debe cumplirse con una investigación y búsqueda exhaustiva, tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno.
A partir de la audiencia, tienen un mes para presentar los alegatos necesarios para reforzar el tema de la importancia del contexto, “que no se vea como un telón aparte, sino reforzar la idea de que ese contexto llevó a que se cometieran esos crímenes, y sobre todo, en contra de quienes se organizaban o que no estaban a favor del Estado”, como le ocurrió a Antonio.
Se busca que en seis meses la Corte IDH otorgue una sentencia favorable como una verdad probada, “para que después el Estado mexicano no lo vaya a negar y querer revisar de nuevo la historia”.
Lamentó que en la audiencia se confirmara que la autoridad federal carece de voluntad para reconocer el mencionado contexto, pues “al parecer solo pretende ocultarlo y negarlo”; todo esto a pesar de que en el 2022 hubo una disculpa pública del Gobierno Federal para la familia de Antonio, en Sabanilla.
