La población migrante, principalmente oriundos de Haití, se ha apropiado de espacios públicos del centro y zonas aledañas de los mercados públicos de Tapachula para realizar sus vendimias, lo que ha creado inconformidad en la población y en comerciantes que se sienten afectados, por lo que las autoridades municipales han intensificado acciones de vigilancia y operativos.
Personal de la Secretaría de Servicios Públicos reconoce que tratar de controlar la venta ambulante es un problema complejo, sobre todo cuando se trata de migrantes. José Arturo Rojas Cárdenas, titular la dependencia, expuso que se han realizado más de 500 apercibimientos a vendedores informales migrantes por haberse instalado en calles aledañas al mercado Sebastián Escobar.
Dijo que se han identificado hasta 500 vendedores informales migrantes, quienes buscan a través de la venta de productos y servicios obtener recursos para sobrevivir mientras se resuelve su situación migratoria. Explicó que una primera instancia, se les notifica sobre las sanciones que tienen lugar de continuar con la actividad; en caso de no atenderse la notificación, se recurre al decomiso de la mercancía que queda en resguardo hasta el pago de una sanción y se cuenta con un plazo de 48 horas para realizarlo.
Reconoció que ha habido enfrentamientos entre vendedores informales migrantes e inspectores de esta secretaría e incluso otros vendedores ambulantes. Los haitianos han amenazado con armas blancas o piedras a la autoridad que busca el control del comercio ambulante.
“Tratamos de actuar apegados a la normatividad, se reconoce que estas personas se dedican a esta actividad informal ante la necesidad de obtener recursos para cubrir sus necesidades, sin embargo, no pueden hacerlo de manera tal que afecten a la sociedad y a los locatarios, toda vez que a pesar de que se pide se aplique la ley, cuando esto ocurre ni hay respaldo para los trabajadores”, indicó.
