La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas lamentó que tras 16 mesas de negociación con las autoridades federales, no exista solución a las demandas de las bases magisteriales, por lo que expresaron su rechazo a continuar un proceso con respuestas insuficientes.
A través de un posicionamiento, señalaron que desde principios de año se han concretado reuniones en las que intervienen las autoridades educativas federales, así como la Secretaría de Educación estatal, e incluso con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, poco han logrado de estas mesas de trabajo.
Los docentes apuntaron que la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) dio cuenta de los pocos resultados obtenidos en todos estos meses de diálogo, por lo que señalaron que nada ha cambiado de lo que la pasada administración federal instauró en su sexenio a través de la reforma educativa.
La CNTE afirmó que las autoridades federales simulan soluciones para este sector laboral, mientras que aplica normas que vulneran los derechos de los y las docentes, citando el avance de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicam), continuando con el desmantelamiento del sindicato para desarmar a estos trabajadores.
Acusación
Aseguraron que en la parte estatal no se ha garantizado la bilateralidad laboral, por lo que permanecen en desventaja, además de que 33 de sus dirigentes sindicales se mantienen cesados, a lo cual han solicitado su reinstalación sin tener respuestas.
Los docentes señalaron la intención de desaparecer dos programas de prestaciones económicas que benefician ampliamente a este sector: la caja de ahorro y el Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes).
Sobre estas inconformidades plasmaron su exigencia, para que desde la parte federal se destinen mayores recursos para las escuelas normales en la entidad y en todo el país, así también el pago de adeudos a maestros interinos y otras prestaciones, además transparencia en el proceso de asignación de plazas.
Aparte de sus exigencias, quienes integran la Coordinadora se pronunciaron en contra de la “criminalización del acto médico”, respecto al caso del doctor Esaú Manduca Martínez, quien mantiene una carpeta de investigación bajo los supuestos de despojo, motín, daño y coalición de servidores públicos.
