El Congreso Nacional Indígena (CNI) manifestó su rechazo a la propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la Presidencia de la República y operada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al considerar que el proyecto representa una amenaza para la autonomía, la libre determinación y los territorios de los pueblos originarios.
El CNI cuestionó también el proceso de consulta indígena que se desarrolla durante agosto y septiembre en distintas regiones del país.
Señaló que, por la extensión de la propuesta, 453 artículos, y el tiempo destinado a los encuentros, no existen condiciones suficientes para que las comunidades conozcan, analicen y deliberen sobre su contenido.
La organización sostuvo que la iniciativa mantiene una visión que favorece el acceso de empresas y grandes capitales a los territorios indígenas.
Cuestionamientos
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el registro de comunidades en un catálogo administrado por el INPI.
De acuerdo con el CNI, aunque la propuesta reconoce de manera general el derecho a la autoadscripción, establece mecanismos burocráticos que podrían permitir al Estado determinar qué pueblos y comunidades son reconocidos formalmente para ejercer sus derechos.
Para el Congreso Nacional Indígena, esta condición podría afectar el principio de autoadscripción y abrir la puerta a una mayor intervención gubernamental en la vida interna de las comunidades.
Otro de los puntos señalados es el derecho a la libre determinación sobre los territorios.
Destacó que la propuesta no garantiza que los pueblos puedan decidir sobre proyectos relacionados con recursos considerados estratégicos para el país, como agua, petróleo, litio y minerales.
La organización consideró que, bajo este esquema, las comunidades podrían ser consultadas sobre determinados proyectos, pero no necesariamente tendrían la posibilidad de decidir si estos se realizan o no en sus territorios.
El organismo también criticó el planteamiento sobre pluralismo jurídico y sistemas normativos indígenas.
Aunque reconoció que la iniciativa contempla el reconocimiento de estos sistemas, afirmó que existen mecanismos que podrían generar conflictos de competencia y mantener al Estado como autoridad encargada de definir los alcances de la justicia indígena.
