Con la detención y deportación del comandante insurgente guatemalteco César Montes, el 10 de octubre de 2020, por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en Acapulco, se “vulneró la ley” porque había iniciado un trámite de refugio ante el gobierno mexicano.

El Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” emitió una acción urgente a los gobiernos de México y Guatemala, al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para explicar que, ese 10 de octubre, César Montes fue abordado por agentes del INM y la Marina, que con el pretexto de “una revisión migratoria de rutina” lo detuvieron en Acapulco.

Ese día, Montes se encontraba acompañado de su esposa, pero al momento que fue detenido “mostró ante los agentes del INM y la Marina, su constancia de trámite de refugio” ante el gobierno mexicano, pero los oficiales le dijeron al fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) -en 1962-, que al haber salido del lugar donde realizó el trámite, en Tapachula, “vulneró la ley”.

Fue entonces que lo detuvieron de “manera inmediata”, siendo trasladado vía aérea de Acapulco a Tapachula, para luego ser entregado a las autoridades de Guatemala ante el Instituto de Migración y la Policía Nacional Civil, en la garita migratoria de El Carmen, Guatemala.