Maestros y maestras, con el apoyo de más de 300 firmas ciudadanas, manifestaron su rechazo a la iniciativa promovida por legisladores del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado, de establecer la denominada Pin Parental en Chiapas.
Los docentes mencionaron que el Pin Parental propone que madres, padres o tutores puedan prohibir que niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos.
“Este recurso propone el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas de acuerdo a sus criterios morales, por encima del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyen en programas y planes de estudio”, menciona el documento.
Para los docentes, así como para la ciudadanía firmante, el Pin Parental viola las garantías que emanan del artículo 3° de la Constitución, así como la de los tratados internacionales a los que México está suscrito.
“Cualquier intento de violencia contra la infancia es inaceptable, por mínima que esta sea, ya que tiene repercusiones físicas, sociales, psico-emocionales y relacionales a corto y largo plazo”, afirmaron.
Agregaron que el Estado en su conjunto, incluidos los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
“Nosotras y nosotros conocemos el contexto chiapaneco. Aún sin el Pin Parental, es complejo que docentes aborden estos temas en comunidades”, establecieron.
“Estamos en contra de este intento por impedir que se difunda información sobre derechos sexuales y reproductivos, que es, de por sí, insuficiente”, añadieron.
El pasado 16 de julio, Vianney Reyes Sumuano, Silvia Torreblanca Alfaro, Kalyanamaya de León Villard y Sergio Rivas Vázquez, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), presentaron una iniciativa para implementar la Ley Pin Parental en Chiapas, pese a que organismos recomendaron no hacerlo, ya que es contrario a los derechos humanos garantizados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de organismos internacionales.