Ante la declaración del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, donde señala lo siguiente: “(…) he dado instrucciones de que (…) a los niños se los quiten a los padres; para nosotros tutelar el interés superior, que es la niñez (…), el Estado tiene que tutelar este derecho”, por lo que organizaciones rechazaron tal postura, pues de implementarse configuraría una violación a derechos y a los principios del interés superior de la niñez y de la unidad familiar por parte de la autoridad migratoria mexicana.
El comisionado hizo pública su disposición el pasado 14 de marzo, durante la presentación del Operativo de Semana Santa en Oaxaca; contrario al deber del INM, de observar el interés superior de la niñez.
“No le faculta para separar a ninguna niña, niño y adolescente migrante y sujetas de protección internacional de su familia; más bien le faculta y ordena proveerles de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias como una medida precautoria”, mencionó el pronunciamiento firmado por organizaciones y redes de defensores de los derechos de las personas en movilidad.
Le recordaron a Garduño que los Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) no están bajo su mando y existen disposiciones en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encaminadas a facultar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como las únicas responsables de evaluar y determinar el interés superior de la niñez en contextos de movilidad.
Solo por orden judicial se puede afectar el derecho a la vida en familia. La separación de familias en contextos de migración debe ser una determinación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y solo como parte de su interés superior.
13 mil delitos contra migrantes
“Las familias no solo no encuentran una opción de protección en México, sino que viven cada día el abuso de cuerpos de seguridad y de la delincuencia organizada”, señalaron y pusieron en contexto los más de 13 mil eventos violentos, entre secuestros, extorsiones, violaciones y asesinatos contra personas regresadas a México.
Además, un 98 % de las familias, bajo las políticas “Quédate en México” y “Título 42”, no ha accedido a la justicia. Sumándose a ello la violencia, real y simbólica, contra la población migrante que incluye la burocracia y reticencia del INM.