"México, DF. * Agencias. Ante la consulta pública propuesta por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, surgen voces que se muestran a favor y otras que desaprueban a la misma, calificándola sin fundamentos legales y como táctica dilatoria.
A favor se encuentra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien decidió participar y además ordenó disponer de los mecanismos y recursos necesarios para promover la participación ciudadana.
En ese mismo sentido, el legislador perredista, Humberto Morgan, presentó el punto de acuerdo durante la Diputación Permanente y aunque los panistas manifestaron su rechazo a este ejercicio al considerar que la ciudad de México tiene muchos problemas por resolver en vez distraerse con esta consulta, finalmente la mayoría aprobó apoyarla.
A su vez, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, consideró que no debe ser una decisión de las cúpulas políticas sino que se debe conocer y valorar la opinión de los ciudadanos por sus repercusiones.
Por contraparte la presidenta del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, criticó Marcelo Ebrard por insistir en realizar una consulta ciudadana -que no es de su competencia- sobre la reforma energética, y llamó al IEDF a no prestarse a ""intereses mezquinos"".
Por ello destacó que ""rechazamos tajantemente la politiquería y la irresponsabilidad con la que se está conduciendo el jefe de gobierno respecto al relevante tema que impactará a generaciones por venir"".
Hizo ""un llamado respetuoso al Instituto Electoral del Distrito Federal para no prestarse a intereses mezquinos y que se apeguen completamente a la ley"".
Contradiciendo a lo planteado por el coordinador de Convergencia en la Cámara de Diputados, Alejandro Chanona, quien aseguró que existen los argumentos jurídicos y el interés ciudadano para su realización, el presidente de Sociedad en Movimiento, Alberto Núnez Esteva, afirmó que no existen tales condiciones legales y que esta consulta representaría un gran gasto -77 millones de pesos- que son necesarios en otros sectores.
Explicó que esta figura no está prevista en la Constitución y advirtió que de llevarse a cabo la consulta -el próximo 27 de julio - se corre el riesgo de que sea utilizada ""como ariete contra el gobierno"".
Las descalificaciones vinieron por parte de el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Santiago Creel, que aseveró que la consulta ciudadana es una táctica dilatoria que pretende ""descarrilar"" la reforma energética.
Por su parte la bancada del PAN ha rechazado la propuesta de integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) de legislar para un caso específico y contemplar en la Constitución la figura del referéndum y consulta popular.
Como respuesta las FAP en el Congreso de la Unión propusieron al IFE como organizador de la consulta y a la UNAM, junto a otras organizaciones civiles, para elaborar las preguntas.
Preocupaciones
Entre todas las controversias, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, senaló que le preocupa la propuesta de consulta planteada sobre el tema, ""porque no quisiera que se convirtiera en una medida dilatoria que nos distraiga"".
Finalmente en respuesta a la petición de apoyo que hizo el presidente Felipe Calderón quien convocó a los mexicanos para que lo apoyen para seguir con las reformas que beneficien a México, en particular con la energética para fortalecer a Petróleos Mexicanos.
La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel Martínez, descartó un plan alternativo en el caso de la reforma energética y confió en la responsabilidad del Congreso para que sea aprobada la iniciativa, a fin de garantizar la seguridad energética de las próximas generaciones de mexicanos.
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