De vez en cuando, la violencia ocurrida en los reclusorios es de tal característica o magnitud que cruza los muros y nos permite atisbar las condiciones en que se encuentran los convictos que han sido concentrados para purgar sus condenas y para ser sometidos a un proceso rehabilitador que haga posible su reinserción social. Ayer en la manana, la muerte de una mujer enferma de epilepsia, Norma Ortega, en el penal de Santa Marta Acatitla, encendió un motín según las reclusas, o protesta según el gobierno del Distrito Federal por no haber recibido la atención médica que se requirió a la medianoche del domingo. La deficiencia del servicio médico allí mismo ocasionó anteriormente que una reclusa diera a luz en un pasillo, sin la debida asistencia, y en otra cárcel, un reo apunalado durante una pelea con otro preso, murió desangrado sin auxilio médico de emergencia.
Así, en este caso, los encarcelados, que deben su confinamiento a la sentencia de pagar con su falta de libertad los delitos cometidos, pero que también tienen la posibilidad de enmendar su vida, dependen totalmente del Gobierno del Distrito Federal mientras están en prisión. Tienen que permanecer recluidos, pero con sus necesidades básicas cubiertas, como son la alimentación y la salud, además de tener la oportunidad de rehabilitarse socialmente, de volverse aptos para convivir fuera de la prisión como personas de bien y sin que signifiquen una amenaza para los demás. Por desgracia, dadas las circunstancias y condiciones de interrelación tanto entre internos y de éstos con algunos custodios, con toda frecuencia se afirma que para muchos reclusos la prisión resulta un espacio de capacitación en la carrera del crimen, lo cual no es otra cosa que un terrible descuido de parte de las autoridades.
En las cárceles del Distrito Federal hay 30,000 reos y menos de mil celadores. La sobrepoblación se estima en 20%. En muchos casos se ha detectado que dentro de los recintos hay armas, drogas, privilegios, predominios y una élite del crimen que planea, organiza y dirige actividades delictivas fuera de los penales.
De hecho, aun no se ha solucionado el problema del uso de teléfonos celulares, los cuales han sido utilizados para cometer delitos dirigidos desde dentro de los espacios de reclusión. Pero también hay una comunidad que carece de los rudimentos de un servicio médico, grave falla denunciada 2,504 veces, sólo en el ano 2004, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, según dijo su presidente Emilio Álvarez Icaza en febrero pasado.
Preocupa profundamente todo lo que ocurre en los reclusorios. Es extremadamente urgente establecer con precisión no sólo qué es lo que está ocurriendo ahí, sino también es importante que las autoridades hagan una revisión cuidadosa de quienes podrían estar involucrados en actos ilegales y cuáles son las formas de corrupción que danan profundamente el espíritu de la rehabilitación de los internos. En particular es indispensable que se revise a fondo lo que sucede con los custodios, supervisarlos muy de cerca y someterlos a rutinas de rotación para que no desarrollen vicios y prácticas de corrupción entre ellos, con los reclusos y con los visitantes de las prisiones y, en particular, que existan programas de supervisión en los que estén involucradas autoridades judiciales, así como representantes de la Comisión de Derechos Humanos, ya federal o estatales, según sea el caso.
Así, importa mucho evaluar y dar seguimiento a los resultados concretos de la siempre prometida rehabilitación en que están los reos y que según todos los indicadores no funciona como es de exigirse. (El Universal).
