La coordinadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Brenda Pérez, destacó como urgente la aplicación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, ante la persistencia de este fenómeno que afectó a siete mil personas en 2021.
En una conferencia para la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través de Twitter, la activista destacó que en el estado ha aumentado la ocurrencia de estos desplazamientos masivos, siendo la población indígena y personas de contextos rurales, los “afectados de manera desproporcionada”.
Si bien reconoció los esfuerzos gubernamentales, dijo, “yo me atrevería a decir que es una situación que seguramente va a ser constante, no hemos visto que esto de alguna manera disminuya”.
Subrayó que no se han atacado de raíz los problemas, y ejemplificó esto con la falta de éxito en las intervenciones para resolver acuerdos por las disputas de tierras, siendo estos problemas los mayores generadores de violencia.
Y sostuvo que “justo en el año 2021 registramos nueve eventos de desplazamiento que afectaron a más de siete mil personas en prácticamente cinco o seis municipios, actualmente es la misma tendencia”.
Otros escenarios de análisis de la comisión, explicó, están relacionados con los desplazamientos múltiples, es decir, cuando muchas comunidades se desplazan constantemente a lo largo del año, yendo y viniendo de sus tierras.
Mientras tanto, hay otros casos donde observaron un desplazamiento prolongado, pues “las personas que perdieron sus tierras por los conflictos del movimiento zapatista no han podido regresar a su hogar”.
Acotó que en todos los casos de desplazamiento y su prolongación las necesidades y vulneraciones se han acentuado.
“Una solución duradera no es la creación de una ley, es su implementación, debido a que esta ya existe y requiere de una constante actualización” finalizó.
