La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en Huixtla violentó los derechos a la seguridad jurídica y a la integridad en agravio de 14 niñas, niños y adolescentes (NNA) en contexto de migración.
El organismo nacional abrió un expediente derivado de las publicaciones periodísticas en portales electrónicos que daban cuenta del aseguramiento por mandato judicial, de un grupo de 26 personas en contexto de migración, quienes —se dijo— eran integrantes de un culto extremista relacionado con la trata y el abuso infantil, entre otros ilícitos.
En una de las notas se informó que las personas aseguradas durante un operativo fueron llevadas al Centro de Asistencia del Sistema DIF, en Huixtla, de donde se detalla que “lograron salir precipitadamente tras empujar a los guardias de seguridad, para incorporarse a la carretera por donde caminaron en medio de la oscuridad”.
La CNDH determinó violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, respecto con los principios mínimos de atención a las víctimas de delito e interés superior de la niñez.
Esto comprometido en agravio de 14 NNA, probables víctimas de trata de personas, a quienes se alojó indebidamente en el Centro Habilitado para Adolescentes en Movilidad Humana No Acompañados.
Acto vulnerable
La Comisión acreditó, además, que personal del DIF violentó la seguridad jurídica al alojarlos con otras personas adultas, sin haber acreditado relación filial alguna con ellas, circunstancia que acrecentó su vulnerabilidad.
También por autorizar el ingreso de terceras personas, probables integrantes del culto religioso, quienes se hacían cargo de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes alojados, ya que se les permitió tener contacto directo con ellos, abriendo la posibilidad de que se atentara contra la vida y la integridad de las víctimas.
Ante estos hechos, la CNDH solicitó a las autoridades del DIF a que se realicen las acciones necesarias para la localización de las 14 personas menores de edad y se les explique ampliamente el motivo, objetivo y los alcances de los derechos que les asisten en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos.
Asimismo, deberán colaborar en el trámite de inscripción de dichas personas en el Registro Nacional de Víctimas, y que se proceda a la inmediata reparación del daño, la cual deberá incluir la compensación prevista en la Ley General de Víctimas.
