En nueve anos, los ingresos de los diputados aumentaron de 41 mil a 101 mil pesos mensuales, y sus gastos para trabajos legislativos pasaron de 2 mil 280 pesos a 44 mil, un aumento en este rubro de 1,900%, según revela el Instituto Federal de Acceso a la Información. La democracia es una inversión, pero hay que ver si estamos obteniendo un buen servicio por el pago.
Tales pagos pueden ser equivalentes o aun menores que las percepciones de altos ejecutivos de empresas del sector privado con menores responsabilidades que los legisladores. La diferencia, sin embargo, es que a los primeros se les evalúa y se les mantiene o no en el puesto de acuerdo con los resultados.
La comparación más razonable, empero, sería el cotejo con las percepciones de los legisladores de otros países, y ahí los mexicanos están sobrevaluados.
Sobre todo causan sorpresa dos hechos. El primero es la muy alta tasa de incremento en nueve anos, que sólo abona a una dolorosa desigualdad con sus representados. El resto de los empleados no ha visto una modificación equivalente de sus salarios. Peor aún, en el rubro que más ha crecido de lo que reciben del erario los senores legisladores están exentos de la comprobación de gastos.
Tan celosos que son de la transparencia ajena, ellos no tienen ninguna obligación de comprobar cómo gastaron sus más de 40 mil pesos destinados a oficinas, asesores y en general lo que se llama trabajos legislativos.
Cien millones en palas, picos y azadones para enterrar al adversario, inflaba el Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba hace medio milenio, pero al menos él pretendía presentar cuentas, aunque fueran alegres y se convirtieran por tanto en legendarias.
Los diputados ni esa molestia se toman frente al electorado que los eligió. A los legisladores les preocupa en cambio atender las indicaciones de los líderes de su bancada y de su partido, que son quienes los encumbran en curules y escanos.
Para que tengan en cuenta el interés de sus electores es necesario que entiendan que dependen de ellos. La mejor fórmula probada es la reelección, preferiblemente limitada a 4 o 6 periodos para que no se eternicen en el cargo.
Si regresan por el refrendo del voto, tendrán que mostrar sus cuentas y relacionarlas con su rendimiento. Entonces sus electores decidirán si le refrendan su confianza.
Antes no podíamos realmente saber cuánto percibía un legislador, pues los recursos se manejaban con gran discrecionalidad, ahora lo sabemos parcialmente, conocemos cuánto reciben pero no cómo lo invierten en hacer mejor su trabajo.
Hay que celebrar lo alcanzado en estos anos de construcción democrática: los diputados ya no dependen del Ejecutivo totalmente pero todavía siguen sometidos más a las fuerzas de la burocracia partidista y no a los electores.
Con la reelección acotada a cierto número de anos esto puede cambiar.
Corresponderá a los ciudadanos la responsabilidad de evaluar a quienes han contratado y a quienes tanto les pagamos. Esto sería sano si se basa en precepto simple: confiemos en ellos o no, pero verifiquemos. (El Universal).
