El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó el acto de cumplimiento de un acuerdo amistoso en el que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la muerte del niño Angel Díaz Cruz, de siete años de edad, quien murió hace 20 años en el ejido El Aguaje, de San Cristóbal, luego de que le explotara una granada que elementos del Ejército federal dejaron tirada.
Como parte de los acuerdos fue inaugurada una casa de salud y se colocó una placa conmemorativa con el nombre del menor, además de que las autoridades estatales entregaron paquetes productivos, borregos, semillas, alimentos y plantas.
“Estamos dando cumplimiento a un acuerdo de solución amistosa con el que, en la medida de lo humanamente posible, buscamos restaurar el grave daño y la pérdida de la vida de un niño, Ángel Díaz Cruz, que derivado de un acto de negligencia criminal de elementos del Ejército Mexicano perdió la vida”, dijo Encinas Rodríguez, al dirigir un mensaje en este ejido situado a cinco kilómetros de San Cristóbal.
“Es un acto de justicia, no sólo de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por estos hechos, sino que es un acto de memoria y reivindicación de Ángel, 20 años después, y es un acto en el que queremos dar un paso hacia adelante para que, sin perder la memoria y exigiendo siempre justicia, podamos ir reconstruyendo el proyecto de vida de familias que vieron truncada la vida de un hijo que es la parte más dolorosa, quizá de lo que puede vivir cualquier ser humano, cualquier familia”, agregó.
Señaló que en la casa de salud inaugurada este viernes, “se sientan condiciones para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Es una reparación de carácter colectivo, como también es importante la entrega de borregos, semillas, alimentos y plantas para favorecer la actividad productiva y mejorar los ingresos de las familias”.
Encinas Rodríguez expresó que “se menciona la impunidad en que permanecen los hechos en virtud de la remisión de la investigación al fuero militar y a la falta de sanción de los responsables”.
Cristina Reyna Cruz López, madre del menor, recordó que el 17 de septiembre de 2000, Ángel andaba jugando con sus primos cuando les explotó una granada que soldados pertenecientes a la 31 Zona Militar, cuyas instalaciones colindan con El Aguaje, habían dejado tirada en el campo.
Comentó que el niño quedó herido, por lo que fue trasladado a un hospital, pero murió un día después. Los menores Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández también resultaron lesionados.
Cruz López consideró que ya se hizo justicia y que “ya está más tranquilo mi corazón. Como ya pasaron 20 años... Y aunque esté triste, qué voy a hacer”.
A nombre de las autoridades de Chiapas, el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que “estamos dando cumplimiento a la recomendación que se nos hiciera. Con esta casa de salud, el Estado concluye con su responsabilidad; sólo quedan algunos pendientes que se cumplirán”.
