La Comisión Nacional de Población (Conapo) en su publicación denominada “Desplazamiento interno en contextos indígenas. Tres miradas estatales a un problema compartido”, reconoció los esfuerzos legislativos de Chiapas por detener el avance de este fenómeno, sin embargo, aún siguen aumentando estos casos.
Investigación
El propósito de la publicación, según la Conapo, fue dar a conocer las características del desplazamiento interno forzado en contextos indígenas en el periodo reciente, utilizando métodos de investigación cuantitativa y antropológica en tres entidades federativas: Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
Otro interés fue analizar el papel y la intervención que han tenido las instituciones en los intentos por dar solución a los problemas que derivan del desplazamiento interno.
“Un tema fundamental, ya que la población indígena que enfrenta esta condición es la que más acude a las instancias oficiales buscando el respaldo, incluso solicitan la intervención internacional; a diferencia de quienes se desplazan de manera individual y por miedo no denuncian los hechos que los orillaron a abandonar su lugar de residencia”, consideró la dependencia.
En el caso específico de Chiapas, la Conapo consideró que hay una bastedad de estudios escritos al respecto; sin embargo, resaltaron la ley relativa al problema del desplazamiento forzado en el estado, documento que resalta por ser uno de los tres que existen en el país, los otros corresponden a Guerrero y Sinaloa.
La ley fue publicada el 22 de febrero de 2012 mediante el Decreto Número 158 en el Periódico Oficial del Estado número 355. Iniciativa a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales, titulada “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.
“Surge a partir de que la sociedad, las distintas fuerzas políticas y las instituciones del poder público coinciden en reconocer la importancia de salvaguardar los derechos humanos, en particular de los sectores más vulnerables en la entidad y así proteger a quienes se han visto obligados a desplazarse, reconociendo la existencia de este fenómeno”, recordó la institución federal.
Reconocimiento
La Comisión identificó el reconocimiento formal por parte del Congreso estatal sobre la existencia de sectores en desventaja como la población migrante, ya que cuando se redactó esta iniciativa se estaban proponiendo reformas jurídicas a la Constitución del Estado para incorporar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se organizaba el Consejo Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia del Estado.
