Actualmente en Chiapas y en el país se ha avanzado en la participación de la mujer en diversos cargos de representación y en diferentes áreas, reconoció la diputada local, Elizabeth Escobedo Morales.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la LXVIII Legislatura, destacó que el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Recordó que fue el 17 de octubre de 1953 cuando se promulgaron las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Este logro es antecedido por el activismo de muchas mujeres, entre ellas de la profesora Hermila Galindo.
De acuerdo al antecedente, Hermila Galindo, siendo secretaria particular del entonces presidente Venustiano Carranza, a finales de 1916, envió una carta al Constituyente para solicitar que se reconociera el derecho de la mujer al sufragio, el cual fue negado con el argumento de que había escasa participación de ellas en la vida pública.
Primera diputada
No obstante, Chiapas reconoció este derecho en 1925, siendo primera diputada local la maestra Florinda Lazos León, en 1926. En este marco, Elizabeth Escobedo reconoció las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, mismas que van enfocadas a cerrar las brechas de desigualdad de género.
Dijo que las y los diputados de la LXVIII Legislatura hacen lo propio y trabajan en una legislación garante de los derechos humanos de las mujeres, como por ejemplo, la aprobación de la iniciativa por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas.
Destacó, además, que se han realizado diversos exhortos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la entidad.
En consecuencia, también trabajan en propuestas de reformas para que las violencias que sufren las mujeres, niñas y adolescentes sean contempladas en la legislación, es decir, brindar el reconocimiento y respectiva sanción de la violencia vicaria o por interpósita persona, así como para tipificar el delito y sancionar la usurpación de la identidad indígena y el ejercicio del cargo de elección popular de la mujer en la entidad.
