Ana Laura Mondragón * CP. La intolerancia religiosa es uno de los temas pendientes que dejó el otrora gobernador del estado.
Y es que en lo que fue su administración, más de una vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la aplicación de medidas cautelares de protección en favor de varias familias de diversos municipios que profesan la religión evangélica. Entre los municipios que reportan más agravios por parte de autoridades ejidales y municipales por profesar la religión evangélica, destacan Huixtán, Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas.
Las víctimas de intolerancia religiosa son obligadas a abandonar sus lugares de origen al estar en peligro su integridad física y su libertad, además de que sus domicilios y pertenencias están expuestos a sufrir daños.
Fue antes de su último año de gobierno, cuando la CNDH solicitó al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas la aplicación de medidas cautelares para evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la intolerancia y la persecución por motivos religiosos son todavía prácticas muy frecuentes en nuestro país, especialmente en comunidades indígenas cuyos pobladores profesan distintas creencias.
Para este organismo nacional, conciliar el ejercicio diario de la observancia de la ley nacional con medidas que eliminen la intolerancia y la discriminación religiosas promoverá no sólo la comprensión y el respeto en hechos relacionados con la libertad de creencia, sino también la convivencia pacífica.
La CNDH indica que las muestras de antagonismo religioso, por pequeñas que sean, exigen la acción inmediata del Estado, no sólo para evitar conflictos sociales sino para robustecer la cultura del respeto a los derechos esenciales de las personas, la observancia de la ley y del Estado de Derecho, que nunca se pudieron dar de manera formal y certera durante el gobierno pasado.
De acuerdo con comunidades evangélicas, en diversos municipios de Chiapas persisten actitudes de intolerancia religiosa, que ya no se concretan sólo a las expulsiones de las comunidades, sino que ahora hasta les cortan los servicios básicos a quienes no profesan la religión católica.
