En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, diferentes sectores reconocen que actualmente existe una lucha frontal contra este fenómeno social en México y Chiapas, donde actualmente el delito más denunciado es el de la violencia intrafamiliar.
Esta fecha se conmemora anualmente el 25 de noviembre, con el fin de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana.
En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999; entendiendo por violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, e invitando a gobierno y organizaciones a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo a expertos en el tema, este tipo de violencia, tiene su origen en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia este sector.
Por ello, actualmente se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta a las mujeres de edad avanzada.
Y lo más lamentable es que no está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.
Caso Chiapas
En nuestro estado, debido a su composición social y étnica, este tema es muy marcado en las diferentes regiones. Desafortunadamente, el tema de la pandemia incrementó los casos de violencia en un porcentaje preocupante.
Son los municipios de Tux-tla, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, los más poblados del estado que tienen Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), y que en este 2020 muestran tasas superiores a la estatal y en algunos casos nacional, en delitos que tienen una carga de género, es decir, que se cometen de manera diferenciada en contra de mujeres y hombres.
De acuerdo al Reporte de Incidencia Delictiva del tercer trimestre de este año presentado por el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCh), el cual está conformado por la Asociación Civil Ligalab y el Observatorio Ciudadano Nacional (OCN), en la entidad se abrieron 124 carpetas de investigación de julio a septiembre 2020 por el delito de violación sexual, es decir, un promedio de 9.4 carpetas de investigación a la semana.
El delito de violencia familiar registró en promedio 88 carpetas de investigación a la semana. En este tercer trimestre se reportó una tasa de 20.47 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. Continúa siendo el delito más reportado en Chiapas.
Sin embargo, en San Cristóbal, la tasa por violación sexual es superior a la tasa nacional. El delito de trata de personas registró una tasa municipal (0.45 CI) superior a la estatal y nacional en el periodo analizado.
En Tapachula pasa algo similar, el delito de violación sexual reporta una tasa mayor que la tasa nacional. La tasa municipal por violencia familiar también es más alta que la nacional. Este último delito mencionado, además, registró un aumento en su tasa durante el periodo julio-septiembre de 2020, en comparación con el mismo periodo 12 meses antes.
En Tuxtla Gutiérrez, en comparación con el mismo periodo 12 meses antes, el delito de feminicidio presentó un aumento en la tasa por cada 100 mil habitantes durante el periodo julio-septiembre de 2020.
El análisis de estos datos refleja la necesidad que existe de que se implementen políticas públicas con perspectiva de género en materia de seguridad.
En este contexto, es lamentable que desaparezca el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021 ya que con ello se elimina la posibilidad de que las instituciones de Seguridad Pública municipal continúen fortaleciéndose para mejorar su desem-peño en la prevención de la violencia y la delincuencia; para renovar las condiciones de dignidad de las policías; así como para capacitar en materia de derechos humanos e igualdad de género.
En Chiapas, las defensoras de derechos humanos han dado a conocer que las movilizaciones tienen que ser radicales, ya que de otra manera las mujeres son invisibilizadas en una lucha que han tenido que librar constantemente.
Incluso han dado a conocer que no se trata de un choque de géneros o contra los hombres; en el caso de México ha sido una constante la violencia, por ello también, la lucha constante por sobrevivir.
