En materia de justicia, mucho se señala la prevención del delito y la cultura de la denuncia como parte de las tareas que deben realizar el gobierno y la sociedad, sin embargo, con el retiro y recortes presupuestales habrá poco margen para la atención, señaló en entrevista el abogado José Luis Pastor Hernández, vicepresidente del Colegio de Abogados de Tapachula.
Para el Colegio de Abogados de Tapachula es preocupante que los recortes de presupuesto del Gobierno federal limiten en gran medida la operatividad de organismos de carácter administrativo encargados de recibir quejas y denuncias de la ciudadanía, pues de nada sirve que en administraciones pasadas se hayan hecho campañas sobre la cultura de la denuncia si actualmente se deja en estado de indefensión a la población.
Pastor Hernández señaló que es inadmisible que los recortes de presupuesto de la llamada cuarta transformación del país tengan consecuencias negativas en diversos rubros de vital importancia, entre ellos el tema de la procuración de justicia, pero más aún con la desaparición de organismos administrativos como la subdelegación de Profeco en esta ciudad, entre otras en todo el territorio nacional.
“Como sociedad nos estamos manifestando contra este tipo de determinaciones; si bien es cierto no podemos contravenir esas decisiones, al menos que usen los instrumentos jurídicos y legales, tenemos instrumentos de combate como acciones de inconstitucionalidad respecto de la desaparición de esa clase de instituciones administrativas que están siendo afectadas, e incluso desaparecidas del actual organigrama de la cuarta transformación”, aseveró.
Detalló que para ejercer una acción de inconstitucionalidad, corresponde a determinados cuerpos o instituciones públicas llevarlas a cabo, es decir no le corresponde a los ciudadanos, por ello quienes deben asumir la responsabilidad son los diputados federales y senadores o bien, organismos de derechos humanos.
