Elam Náfate * CP. Los cinco rectores de las universidades públicas de Chiapas podrían ser enjuiciados penalmente, luego de que pudieron haber incurrido en irregularidades al tratar de enderezar las anomalías que se cometieron en la designación de Florencio Madariaga Granados como presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas.
Esto como resultado de la ilegal designación que realizó Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en favor de Florencio Madariaga Granados como consejero ante el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, situación que ha puesto en grave predicamento a los rectores de las universidades públicas, como lo son: Jaime Valls Esponda de la Unach; Navor Francisco Ballinas Morales y Dra. Adriana Ocampo García de la Politécnica de Chiapas en Tuxtla y Tapachula; Javier Álvarez Ramos de la Unich y Juan José Ortega Couttolenc de la Universidad Tecnológica de la Selva.
Y es que derivado del trámite del amparo indirecto 1547/2012 ante el Juzgado Séptimo de Distrito, en el que se han ofrecido diversas pruebas que demuestran que en la designación del consejero Madariaga se violó flagrantemente el Artículo 40 del Reglamento de la Ley del CEDH, que establece que para que las universidades nombren al consejero (a) que representaría a las universidades públicas del estado de Chiapas, además de reunir los requisitos establecidos en la ley, ellos se debieron haber erigido en colegio electoral para emitir una convocatoria pública y transparente donde se invitara a las instituciones académicas públicas o privadas u organizaciones de la sociedad civil, interesados en proponer candidatos para ocupar el cargo de Consejeras o Consejeros, proceso que nunca ocurrió.
Esta convocatoria de la que jamás van a poder acreditar su existencia los rectores, se debió haber publicado en los medios impresos, en radio y televisión, lo que jamás aconteció.
Por ello los rectores de las universidades podrían haber incurrido en anomalías por las que el mismo abogado que ha interpuesto la demanda penal por la designación de Madariaga Granados, también los demandaría.
Entre los delitos que pueden cometer, figura violentar la ley publicando con fecha atrasada el Periódico Oficial donde presuntamente se da a conocer el nombramiento de Madariaga Granados, por lo que será impugnado y se llevará hasta sus últimas consecuencias penales y serán expuestos ante el Juzgado Séptimo de Distrito y las autoridades que sean necesarias.
