La asociación civil “Unidos Diferentes” señaló que el tema del matrimonio igualitario en Chiapas, como en el resto de México, ha dejado de manifiesto que más allá de las oposiciones o controversias, la aplicación de los derechos humanos debe asumirse como un asunto de obligatoriedad y no de negociación, consenso, política electorera y/o complacencias.
Héctor Estrada Avelar, integrante de dicho sector, consideró que la lucha por el reconocimiento de los derechos igualitarios de la población LGBTTTI en la entidad chiapaneca se ha encausado por la única ruta que hasta el momento ha demostrado ser efectiva en México: la jurídica.
“Desde ahí se ha tenido que obligar a hacer valer lo que deberían implementar sin la amenaza de instrumentos legales. Al “puño de la fuerza jurídica” se ha tenido que hacer patente un precepto esencial para la conformación de México como país: el principio de igualdad ante la ley para todas y todas sin excepciones”, comentó.
Y es que, recordó que la asociación civil Unidos Diferentes hizo público en fechas pasadas, el segundo fallo por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) en favor de la segunda pareja homosexual en Chiapas para poder acceder al matrimonio civil en la entidad.
“El juez segundo de Distrito, por lógica legal, terminó concediendo el amparo a una pareja del mismo sexo contra la negativa del Registro Civil en Chiapas para permitirles el trámite de matrimonio civil que por derecho constitucional tienen todas las parejas por igual”, comentó.
Además, señaló que el PJF terminó reiterando la inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145 del Código Civil local al que hasta el momento no se le ha querido abordar, manteniéndolo como una normativa violatoria a los derechos humanos y la misma Constitución Mexicana.
“El matrimonio igualitario en Chiapas es un pendiente, pues se trata de una realidad imparable que sucederá con o sin la aprobación de grupos religiosos que nada tiene que hacer en asuntos del derecho”, concluyó.
